El fallo de Tribunal Supremo que obliga a cambiar el concesionario de las instalaciones náuticas del puerto de Andratx por las irregularidades cometidas durante el proceso de adjudicación ha provocado una profunda preocupación en la conselleria de Territorio, Energía y Movilidad por las consecuencias económicas que podría acarrear la revocación de la actual concesión al Club de Vela y el traspaso de la gestión, por imperativo legal, a la empresa que, según el Supremo, debe asumir a partir de ahora la explotación del puerto.
El ejecutivo teme que las dos entidades mercantiles involucradas en el expediente reclamen por vía judicial indemnizaciones millonarias por los perjuicios causados por la administración autonómica en el proceso investigado.
