Dueños de bares de Santa Ponça, Palmanova, Peguera y Magaluf llenaron hoy el salón plenario de Calvià para reclamar al gobierno municipal (PSOE-SSPC) una solución a la controversia que han creado los nuevos limitadores de sonido, que deben ser instalados en virtud de la ordenanza de ruidos.

El sector del ocio, que reunió a cerca de un centenar de representantes entre los que estuvieron en la salón de plenos y los que se quedaron en el exterior de la sede consistorial, reclama que se reconsideren estos nuevos dispositivos, cuyo plazo de implantación acabó el pasado 30 de abril. Según datos del Ayuntamiento, sólo el 40% de los locales los han instalado.

Un portavoz de los empresarios aseguró ayer no entender las “prisas” del Consistorio en marcar estos plazos, cuando, dijo, la plataforma que permitirá el seguimiento en tiempo real por parte de la Policía Local no está aún implementada.