La obligatoriedad de demoler los seis chiringuitos de las playas de Campos para que pasen de ser de obra a desmontables, también tendrá consecuencias económicas para las arcas municipales, que pasarán de ingresar 700.000 euros al año en concesiones (1,4 si se añaden hamacas y sombrillas), a aproximadamente la mitad, unos 350.000.
El motivo es la superficie máxima establecida por la nueva Ley de Costas estatal, que prevé que los quioscos situados en playas naturales (y las de Campos: es Trenc, ses Covetes, sa Ràpita y es Coto lo son) tengan como máximo 70 metros cuadrados de superficie con tarimas de terraza incluidas, y tan solo 20 m2 una vez se cierre el cubículo principal. Además de que se deba proceder al desmantelamiento de la instalación una vez concluida la temporada turística en noviembre.
"Afortunadamente hoy en día el ayuntamiento de Campos está totalmente saneado y no dependemos de los ingresos que puedan suponer, aunque está claro que son importantes", señala el alcalde campaner, Sebastià Sagreras (PP), quien explica que solo de esta forma se va a poder afrontar al coste de las demoliciones, cifrado en poco más de 222.000 euros "que únicamente podían venir derivados de un superávit que sí tiene el Ayuntamiento".
La corporación municipal, que ayer mismo aprobó tanto el proyecto como la partida para iniciar los trámites de derribo exigidos por el ministerio de Medio Ambiente, ha reclamado que o bien los chiringuitos de obra puedan quedarse una temporada más hasta noviembre, cuando serían demolidos; o bien den una respuesta rápida que permita demoler y volver a levantar los bares desmontables antes del inicio de la temporada alta, para de esta forma iniciar ya los trámites de concesión, de momento no autorizados por Costas ante la resolución estatal.
El problema está en la derogación por parte del Tribunal Supremo del artículo 26 de la Ley de Costas, que estipulaba la pervivencia en arenales naturales de chiringuitos de ladrillo de más de 20 años de antigüedad. Hay que recordar que fue el propio consistorio quien los construyó en 1991 y quien ahora se ve obligado a derribarlos.
