Los portavoces vecinales del centro del pueblo que iniciaron una recogida de firmas para evitar el cierre de la Plaça de la Vila al tráfico rodado han recibido una comunicación de la Defensora del Pueblo mediante la cual les comunica que ha aceptado a trámite su reclamación y que van a proceder a solicitar información al ayuntamiento de Alaró en relación a la casuística.

A principios del pasado mes de marzo, los vecinos afectados por el cierre de la Plaça de la Vila de Alaró registraron un escrito dirigido a la Defensora del Pueblo, mediante el cual solicitaban el amparo de esta institución del Estado para que interceda en la defensa de sus intereses ante la dejadez del Ayuntamiento. El escrito se acompañó de las 696 firmas que se entregaron en su momento ante el Ayuntamiento solicitando que se reconsiderase la medida del cierre de la plaza.

Ante esta petición, desde la oficina de la Defensora del Pueblo se ha enviado una comunicación al Ayuntamiento mediante la cual piden que remita toda la información relativa a esta cuestión para poder estudiar el caso.

Esta decisión, la del cierre a los vehículos de la Plaça de la Vila, es un tema controvertido, ya que tiene partidarios y detractores y ya ha habido anteriores quejas y protestas: entrega de firmas en el Ayuntamiento, personación en diferentes plenos municipales para expresar la disconformidad, reuniones con el equipo de gobierno y, finalmente, la queja ente la Defensora del Pueblo.

Los denunciantes destacaron en su queja que el cambio de circulación que se ha llevado a cabo provoca problemas en las calles por las que se ha derivado el tráfico, que son la de Can Ros, la del Metge Jaume Colom y la de Can Tocado, a la que se complica la entrada a los vehículos. Según el escrito, éstas son calles estrechas y sobresaturadas debido a la iniciativa municipal de cerrar la plaza.

Además, el escrito que se trasladó a la oficina de la Defensora del Pueblo también hizo referencia a que la medida no contaba con ningún informe técnico favorable de la policía local ni tenía una resolución de alcaldía que diera validez a la decisión.