Quien mire más allá de la diversión despreocupada y un tanto irresponsable o no centre en el egocentrismo la rentabilidad del negocio que explota, tendrá claro que resulta conveniente poner orden y regular las cosas en beneficio de todos. No digamos si esto ocurre en la costa de Calvià sobrecargada de decibelios y con un Ayuntamiento entregado a la necesaria tarea de mejorar imagen institucional y colectiva del municipio. Ambas cosas están entrelazadas desde hace mucho tiempo.
En estos casos los problemas, o cuando menos las dificultades prácticas, se acentúan cuando se intenta concretar y poner plazos de ejecución. Los empresarios del ocio de Santa Ponça, Peguera, Magaluf y Palmanova se rebelan contra la disposición municipal que obliga a tener operativos los limitadores de sonido con control remoto para la Policía, el próximo día 31.
Sin embargo, el Ayuntamiento se muestra inflexible.
El desencuentro se sustenta sobre distintos puntos. Los empresarios aducen el alto coste del dispositivo, unos 3.000 euros más instalación, el hecho de que el seguimiento efectivo por parte de la Policía todavía no sea posible y las inversiones realizadas hace poco con fines de insonorización y que ahora se vuelven casi inservibles. Las reuniones realizadas no han servido ni de punto de encuentro ni de elemento de coordinación. Existe la amenaza de un cierre puntual de los locales como medida de protesta y presión.
Es posible que se deba modificar el paso, el ritmo a seguir y el equipaje necesario a llevar, pero lo evidente es que la situación no admite retroceso ni cesiones.
La costa de Calvià necesita fijar la modulación necesaria para que el ocio nocturno de los locales musicales sea compatible con el resto de usos turísticos y el devenir cotidiano de los residentes. De este modo ganará la calidad de vida y el negocio de todos. De esto se trata en definitiva.
