La Sindicatura de Comptes vuelve a poner sobre la mesa el siempre espinoso debate sobre la fusión de municipios para racionalizar los gastos de la administración. En su último informe anual, el organismo fiscalizador de las cuentas públicas aboga por esta fórmula para varios municipios, entre los que destaca los casos de Estellencs, Banyalbufar, Escorca, Montuïri, Sant Joan, Vilafranca y Búger.
La Sindicatura sugiere que deberían estudiarse sistemas de colaboración entre términos, a través, por ejemplo, de la "prestación coordinada de servicios" e incluso de la fusión de municipios limítrofes. A la hora de destacar estos casos concretos, el informe fiscalizador tiene en cuenta criterios como el "alto índice" de gasto de personal, su "baja autonomía financiera y fiscal" y su "bajo índice" para retornar al ciudadano lo que éste aporta en impuestos.
En el marco de estas recomendaciones para racionalizar la administración municipal, los síndicos aconsejan también que se analice si es necesaria la existencia de la Entidad Local Menor de Palmanyola -la única de Balears- así como la de otros organismos autónomos municipales que "son inoperantes o tienen un nivel de actividad muy reducido".
El gasto en personal es otro de los aspectos en que se centra el estudio de la Sindicatura, que se publicó ayer en el Boletín Oficial de la Comunidad (BOIB) y que se centra en la evolución de las entidades locales en el año 2013.
Según este informe anual, el coste medio de un empleado público de la administración local asciende en Balears a un total de 38.738 euros. El capítulo de personal se lleva más de un tercio del total presupuestario, concretamente el 37,3%.
Sobre esta cuestión, la Sindicatura aconseja "mejorar la gestión de los recursos humanos" mediante la reducción de estos gastos de personal. En este sentido menciona los casos de los ayuntamientos de Palma, Sant Llorenç des Cardassar y Llucmajor.
Situación más saneada
El paisaje económico general que dibuja el informe fiscalizador muestra una situación algo más saneada que la que existía en los años duros de la crisis económica, que estranguló las arcas municipales.
Así, la Sindicatura constata que, al menos a corto plazo, las corporaciones locales "son solventes". También, en cifras globales, han reducido su deuda en un 6,9%.
Sin embargo, la administración local sigue exhibiendo niveles notables de dependencia con instituciones supramunicipales. Lo demuestra este dato: casi el 12% del total de ingresos procede de transferencias y subvenciones concedidas por otras administraciones.
En el capítulo de los tipos de contratación pública, el procedimiento más frecuente ha sido el abierto, que representa el 56,4% del total. Sin embargo, en algunos municipios, como Bunyola, la Sindicatura considera necesario fomentar más la concurrencia de los licitadores evitando los procedimientos negociados sin publicidad.
Presión fiscal
Por lo que se refiere a la presión fiscal, el informe de la Sindicatura de Comptes cifra en 990,8 euros la cantidad que paga de media cada vecino. Se trata de una cifra ligeramente superior a lo que recibe cada ciudadano en concepto de servicios públicos: 972,3 euros. Esto supone un "retorno" negativo hacia el ciudadano de unos 18 euros.
Analizando si la administración local cumple con los plazos que marca la normativa para la rendición de cuentas, el informe recuerda que el 98,7% de las entidades municipales han presentados sus números.
La única corporación local que no ha cumplido con sus obligaciones es la Mancomunitat de la Tramuntana.
Por otra parte, las entidades dependientes de corporaciones locales que tampoco han presentado sus cuentas correspondientes al ejercicio 2013 son: Andratx siglo XXI, Capdepera Segle XXI, Empresa Municipal de Servicios 2002 de Pollença, Sóller 2010 y Fita 2020 de Vilafranca de Bonany.
