Los vecinos afectados por el cierre de la Plaça de la Vila de Alaró han registrado un escrito dirigido a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril. En el texto, solicitan el amparo de esta institución del Estado para que interceda en la defensa de sus intereses ante lo que consideran "dejadez" del Ayuntamiento.

El escrito ha sido acompañado de las 696 firmas que se entregaron en su momento ante el Ayuntamiento solicitando que se reconsiderase la medida del cierre de la plaza.

Esta decisión, la del cierre a los vehículos de la Plaça de la Vila, es un tema controvertido, ya que tiene partidarios y detractores. Entre los partidarios, hay que destacar la Plataforma Conviu Alaró, creada para concienciar a la ciudadanía en temas relacionados con la movilidad.

En la misiva dirigida a la defensora del pueblo, los firmantes destacan que el cambio de circulación que se ha llevado a cabo provoca problemas en las calles por las que se ha derivado el tráfico, que son la de Can Ros, la del Metge Jaume Colom y la de Can Tocado, a la que se complica la entrada a los vehículos.

Según el escrito presentado por los residentes, éstas son calles estrechas y sobresaturadas debido a la iniciativa municipal de cerrar la plaza.

Este problema ha sido tratado en diferentes sesiones plenarias del ayuntamiento de Alaró, a raíz de preguntas de comerciantes y vecinos de las calles afectadas. Las cuestiones se han planteado en el apartado de ruegos y preguntas dirigidas al equipo de gobierno sobre la medida tomada.

Durante estas intervenciones „que se alargan desde el mes de octubre hasta el de enero„ se han ido quejando de la falta de negociación con los afectados; de los problemas para que los mayores circulen por las calles, y de las dificultades añadidas a su día a día, entre otras cuestiones.

Además, el escrito también hace referencia a la denuncia que realizó el grupo de la oposición en el pleno de octubre y que aún no se ha solventado: la medida no cuenta con ningún informe técnico favorable de la Policía Local ni tiene una resolución de Alcaldía que dé validez a la decisión.

En definitiva, este grupo de vecinos pide a la Defensora del Pueblo que tome cartas en el asunto con el objetivo de que sus intereses y reclamaciones sean atendidas por el municipio.