Los ayuntamientos de Balearrs acumulan unos 374 millones de euros de remanentes de Tesorería que no pueden invertir en sus propias necesidades por las limitaciones impuestas por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, más conocida como Ley MontoroLey Montoro. La abultada cifra económica que ejerce de reserva económica de los consistorios baleares ha sido calculada por la Federación de Entidades Locales (Felib) a raíz de una serie de consultas a las instituciones municipales para conocer el alcance de los efectos de la Ley Montoro en la comunidad.
Según los requisitos impuestos por esta ley, el remanente acumulado por los ayuntamiento solo puede gastarse en reducir la deuda o en una serie de inversiones determinadas que, según las entidades locales, no resuelven las necesidades de los municipios. Ayuntamientos de todos los colores políticos han aprobado mociones en los plenos para reclamar la derogación o bien la flexibilización de la Ley Montoro para potenciar la autonomía municipal a la hora de invertir sus propios recursos.
El presidente de la Felib y alcalde de Sencelles, Joan Carles Verd (El Pi), explica que los 374 millones calculados "no incluyen todavía los remanentes de 2016, por lo que la cifra será más abultada todavía".
La Felib destaca que "los ayuntamientos son motores económicos y creadores de puestos de trabajo", aunque están atados de pies y manos porque no pueden invertir los superávits acumulados según su conveniencia, por lo que reclama una revisión de la Ley Montoro para que las entidades locales "no estén tan intervenidas como en la actualidad".
Algunos consistorios, como el de Alcúdia, tienen hasta 50 millones de euros en los bancos como consecuencia de las limitaciones legislativas. Se calcula que, a nivel de todo el Estado, las instituciones municipales acumulan unos 4.000 millones de euros en superávit. Verd recuerda que la situación actual se arrastra desde el lejano año 2000, cuando se impusieron las primeras normas del déficit cero que han potenciado el ahorro de los ayuntamientos, "mucho más saneados que las comunidades autónomas y el Estado", señala Verd. "El gobierno no deja gastar a los ayuntamientos porque de esta forma compensa los números frente a la Comisión Europea", añade el presidente de la Felib.
La federación considera que la situación actual no justifica el bloqueo económico. "De 8.000 ayuntamientos que hay en el Estado español, solo 190 tienen planes de saneamiento hasta 2030 o 2040, es una pequeña parte", señala Verd.
La actual regla de gasto solo permite a los consistorios invertir un 1% más que el año anterior, una limitación que no permite afrontar los servicios básicos, una situación "absurda".
Otro problema añadido, según el representante de la Felib, es la dificultad que tienen los ayuntamientos para completar sus plantillas de trabajadores. "En los últimos seis o siete años, las entidades locales de España han perdido unos 99.000 funcionarios, un 15 por ciento de la plantilla total de los ayuntamientos", explica Verd. Actualmente, el Estado solo permite cubrir una pequeña parte de las plazas vacantes, un factor que influye de forma negativa en el funcionamiento de las instituciones municipales.
Verd no se muestra muy optimista sobre un posible cambio de rumbo de Madrid. "El gobierno condiciona los cambios a la aprobación de los presupuestos", dice.
