La propiedad de la Fàbrica Nova ha presentado la demanda contra el ayuntamiento de Sóller para reclamarle la expropiación del complejo industrial del camino de Cas Jurat. Con la presentación de esta instancia se inicia el proceso que muy posiblemente acabe obligando al municipio a ejecutar la expropiación forzosa de la fábrica.
El escrito ha sido presentado en el registro del Ayuntamiento 'solleric'. Según informaron fuentes cercanas a la propiedad, la petición se centra en pedir formalmente al municipio que le expropie de forma amistosa el complejo. Se trata de un formalismo que muy posiblemente no irá más allá, porque lógicamente el Ayuntamiento rechazará la petición. Rechazar o simplemente no contestar la demanda abre la puerta a los propietarios para conseguir la expropiación de la fábrica, ya que en este caso será el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa el que finalmente lo dirimirá en un plazo no superior a los tres años.
Así, el municipio de Sóller se encuentra ante un procedimiento que es calcado al que siguieron los propietarios del campo de deportes Infante Lois, que consiguieron el reconocimiento legal de que estos terrenos deben ser expropiados por la administración municipal. En este caso el valor se fijó en siete millones de euros.
En el caso de la Fàbrica Nova, la tasación que presentará la parte demandante no está terminada todavía, aunque calculan que la petición que cursarán no bajará del millón de euros. La propiedad, formada por los herederos de la finada hija ilustre de Sóller, Adela Oliver, quiere poner fin a la lenta agonía que planea sobre una fábrica que lleva el camino de la ruina.
Plan General
La clave en esta cuestión hay que buscarla en el Plan General de Ordenación Urbana de Sóller (PGOU). El instrumento urbanístico determina que el edificio y los terrenos que lo rodean son un equipamiento público y zona verde. Es decir, a nivel urbanístico no se puede hacer absolutamente nada más que conservar lo que hay.
La protección de la fábrica es un arma que aparentemente busca preservar el patrimonio industrial, pero a la vez es un instrumento jurídicamente peligroso. Y es así porque la normativa del suelo establece que la administración está obligada a expropiar los terrenos que estén clasificados como equipamiento público o zona verde durante los cinco primeros años de vigencia del plan general. Lógicamente el ayuntamiento de Sóller no expropió nada. Y como no lo hizo, el legislador dejó la puerta abierta para que fueran los propios afectados los que la promovieran. Y en eso están.
Lo más inverosímil del caso es que el Ayuntamiento fue copropietario de la fábrica durante unos años hasta que renunció a la herencia de Adela Oliver.
