El ayuntamiento de Artà presentó ayer una demanda ante los juzgados de instrucción de Manacor para reclamar la propiedad municipal tanto de las murallas como del recinto de Sant Salvador, su elemento patrimonial más significativo y que hace algo menos de dos años, en marzo de 2015, fue inmatriculado unilateralmente ante notario por la parroquia de la Transfiguració del Senyor.

Los tres portavoces del pacto de gobierno artanenc: el alcalde Tolo Gili (El Pi), Aina Comas (Alternativa) y Manolo Galán (PSOE) se presentaron junto a un abogado pasadas la una de la tarde en la plaza Font i Roig para registrar una demanda declarativa de dominio del espacio "ya que entendemos que históricamente, y así lo constatamos con documentación, Sant Salvador ha sido siempre de todo el pueblo", explica Gili, "es decir que actuamos como propietarios a los que se les ha quitado un bien que está catalogado".

La demanda, cuyo cuerpo jurídico consta de 30 páginas, incluye también un amplio dossier histórico elaborado por el profesor de la UIB Antoni Picazo, donde se detallan los usos del espacio en litigio durante cinco siglos, desde que fue comuna para el pueblo hasta la construcción de las murallas, pagadas por los propios vecinos. "No discutimos que la propiedad de la Casa des Donat y la iglesia del interior de Sant Salvador sean efectivamente del Bisbat, pero no las murallas ni el espacio interior", señala Aina Comas, "ya que debemos poder decidir qué podemos colgar en ellas o qué actividades realizar en su interior como pueblo, por ejemplo".

El problema surgió hace tres años cuando el ayuntamiento de Artà, como protesta a la imposición del trilingüismo por parte del Govern Bauzá, decidió colgar un gran pendón verde de la muralla en apoyo al profesorado. Fue entonces cuando el rector de Artà se opuso y se descubrió que realmente no constaba que existiera un propietario concreto, lo que llevó a la Iglesia a adelantarse al consistorio y a registrar como suyos los dos espacios el 9 de marzo de 2015.

Ahora el Ayuntamiento reclama a la Justicia que se declare nula esa inmatriculación y que Sant Salvador vuelva a ser del pueblo de Artà. Y no es casual que lo haga antes de que se cumplan dos años del primer registro, ya que hasta el 9 de marzo de este año el bien no se considera asentado y la parroquia no puede venderlo. Después de esa fecha si que podría haberlo hecho. Lo que se ha hecho con la demanda es parar ese proceso de forma preventiva, enviando al registro de la propiedad una copia como anotación preventiva.