La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears ha emitido una sentencia con la que revoca un acuerdo del ayuntamiento de Sóller que prohibía la instalación de un kiosco y la terraza de un bar en el paseo peatonal Antoni Montis, situado en el Port de Sóller.
La sentencia confirma una anterior en primera instancia que daba la razón a la entidad Pastor y Puers, que había obtenido la autorización administrativa del Govern para instalar el chiringuito cubierto en el paseo peatonal que se construyó en 2007 sobre el lecho del torrente de Sa Figuera.
A pesar del permiso del Govern, por tratarse de una instalación situada en una zona de dominio público, el ayuntamiento le denegó el permiso de instalación y obras mediante un acuerdo de la junta local de gobierno que se adoptó en 2010 alegando que sólo el municipio podía autorizar la instalación.
La medida anulada por los tribunales fue adoptada por el gobierno municipal del pacto de izquierdas al entender que la instalación de la terraza necesitaba la autorización del ayuntamiento, en tanto que el Govern le había transferido la gestión y la administración del tramo del torrente cubierto.
Pero no la titularidad, por lo que las licencias autorizadas por el Govern tenían plena vigencia.
El ayuntamiento quería evitar a toda costa que se instalara la terraza, por lo que desautorizó su colocación y el caso fue llevado a los tribunales por los afectados porque el municipio entendía que era un dominio público municipal.
La sentencia estima que es dominio público, pero perteneciente a Recursos Hídricos que autorizó la instalación del chiringuito.
Con la adecuación del kiosco y la terraza los demandantes querían reabrir al público el denominado "Quita y Pon" que fue desmantelado en 2005 con la ejecución del proyecto de construcción del nuevo acceso viario al Port de Sóller por el túnel de Sa Mola.
Con esta obra se cubrió el tramo final del torrente de Sa Figuera y se demolió el tramo que ya estaba soterrado a sobre del cual existía el denominado "Quita y pon". La sentencia es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo e impone las costas y gastos del pleito al ayuntamiento.Una sentencia obliga el ayuntamiento a autorizar una terraza y un kiosco en el paseo Antoni Montis
juzgado de Instrucción número 2 de Palma ha decretado el sobreseimiento de la demanda que interpuso un agente de la Guardia Civil contra tres funcionarios del ayuntamiento de Sóller y dos concejales del PP. El magistrado Pedro Barceló desestima los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental.
La denuncia que dio pie al procedimiento fue incoado por un agente de la Benemérita que denunció a los propietarios de una discoteca, a los funcionarios y a los concejales del anterior equipo de gobierno al entender que el ayuntamiento había actuado de forma fraudulenta en la tramitación del expediente sancionador contra el local de ocio nocturno. El denunciante había solicitado la clausura del establecimiento al entender que las deficiencias que se habían observado podían incurrir en un tipo penal.
El auto señala que "no se observa dejación alguna de funciones ni trato de favor con respecto al explotador del negocio" por lo que desestima la comisión de los delitos denunciados por el agente de la Guardia Civil.
La denuncia penal fue interpuesta contra los dueños de la discoteca, el arquitecto, el ingeniero y el asesor jurídico del ayuntamiento y contra los concejales Miquel Bestard y Gabriel Darder que, en la pasada legislatura, formaban parte del equipo de gobierno como responsables de las áreas de Bienes y Servicios y Urbanismo respectivamente.
Título orientativo
huesos humanos que fueron encontrados a mediados de enero en un coto de caza cerca de la urbanización Las Palmeras, en Llucmajor, pertenecen a un varón y tendrían una antigüedad de unos diez años, según han revelado las pruebas de laboratorio a las que han sido sometids. Estos datos no coinciden con ninguna de las denuncias de desaparición que tiene pendientes la Guardia Civil. Los investigadores manejan la hipótesis de que pertenezcan a un indigente, y cuya muerte no habría sido denunciada.
Los primeros huesos fueron descubiertos el 15 de enero por un cazador en un coto ubicado cerca de Las Palmeras. Se trataba de un cráneo, una cadera y un fémur. Tras confirmarse que se trataba de restos humanos se informó a la Guardia Civil y al juzgado.
Los guardias realizaron una detenida inspección en el lugar y al día siguiente encontraron más restos, en concreto de una parte de los huesos de un pie.Todos los indicios apuntaban a que se trataba de una única persona.Los restos fueron trasladados al Instituto Anatómico Forense de Palma, donde fueron examinados por los expertos y donde se les extrajeron muestras para poder realizar la prueba de ADN.Tras un mes de pruebas se ha podido determinar que los huesos pertenecen a un varón, y que tendrían unos diez años de antigüedad. Los investigadores han revisado todas las denuncias de desaparecidos de la época y no han encontrado ninguna coincidencia.Una de las hipótesis que se maneja es que pertenecieran a un indigente, ya que había un grupo de personas sin techo que solía pernoctar en la zona donde aparecieron los restos. El hombre pudo fallecer solo, y sin que nadie presentara denuncia por su desaparición.La Guardia Civil prosigue con las investigaciones para tratar de identificar al hombre muerto y determinar las circunstancias de su fallecimiento.
