El juzgado de Instrucción número 2 de Palma ha decretado el sobreseimiento de la demanda que interpuso un agente de la Guardia Civil contra tres funcionarios del ayuntamiento de Sóller y dos concejales del PP. El magistrado Pedro Barceló desestima los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental.
La denuncia que dio pie al procedimiento fue incoado por un agente de la Benemérita que denunció a los propietarios de una discoteca, a los funcionarios y a los concejales del anterior equipo de gobierno al entender que el ayuntamiento había actuado de forma fraudulenta en la tramitación del expediente sancionador contra el local de ocio nocturno. El denunciante había solicitado la clausura del establecimiento al entender que las deficiencias que se habían observado podían incurrir en un tipo penal. El auto señala que "no se observa dejación alguna de funciones ni trato de favor con respecto al explotador del negocio" por lo que desestima la comisión de los delitos denunciados por el agente de la Guardia Civil. La denuncia penal fue interpuesta contra los dueños de la discoteca, el arquitecto, el ingeniero y el asesor jurídico del ayuntamiento y contra los concejales Miquel Bestard y Gabriel Darder que, en la pasada legislatura, formaban parte del gobierno.
