La participación de la ciudadanía en la vida municipal, en cuanto a la aportación de iniciativas y toma de decisiones de repercusión pública, permanece un tanto errática o caótica. Está claro que el ciudadano interviene desde el momento en que elige a los concejales con su voto, pero en la actualidad existe un afán y una demanda por incrementar su complicidad con la vida municipal más allá del depósito de una papeleta en una urna cada cuatro años. Las medidas que se han ido adoptando para llevarlas a término han tenido, por lo general, un recorrido más bien breve. Es el caso de los presupuestos participativos o las consultas populares puntales sobre temas peliagudos de los que el consistorio de turno no quiere salir escaldado.
El ayuntamiento de Pollença hace ahora un nuevo intento, ambicioso y un tanto atrevido. Actualiza su anterior Reglamento de Participación Ciudadana del 2001 con el que despliega un amplio abanico de interconexión entre vecindario y consistorio, que parece gozar con el plácet de todos los grupos municipales y tiene el sano mérito de partir de una iniciativa de la oposición. Una comisión permanente creada para el caso regulará los nuevos canales abiertos que tienen una de sus principales novedades en la exigencia de un 10% de demanda del censo para abrir una consulta popular10% de demanda del censo para abrir una consulta popular. Por lo menos en Pollença sabrán ya a qué atenerse. No solo en eso, sino en el camino inverso, porque también se contempla la posibilidad de que el Ayuntamiento demande la opinión de sus administrados y obtenga por distintos canales prospecciones sobre sus inquietudes y aspiraciones. En la teoría, el nuevo reglamento pollençí tiene una buena melodía que solo adquirirá armonía definitiva si logra pasar la prueba de fuego de ser llevado a la práctica de modo eficiente y sin suplantar o duplicar tareas municipales.
