"Llemsa era un cajón de sastre cuya contabilidad funcionaba como una tienda de barrio mal llevada". Así define el concejal de Hacienda de Llucmajor, Jaume Oliver (PSOE), el estado en que el consistorio encontró la empresa municipal, liquidada de forma urgente a mediados de 2016 por el descontrol y las deudas, que solamente en préstamos se elevan a los 1,7 millones de euros. Un dinero al que ahora deberá hacer frente el consistorio dentro de los presupuestos de 2017.

Un lastre al que hay que sumar los altos intereses (de entre el 4,8 y el 5%) que paga por tres préstamos adquiridos hace unos años para abonar, por ejemplo, pagos atrasados de las piscinas municipales. Unas facturas totales que suman más de 800.000 euros. "Pese a ser municipal era una sociedad anónima que escapaba al control económico por su forma de funcionar".

Entre las medidas correctoras para tratar de tapar los agujeros dejados por Llemsa, el pacto formado por Més, PSOE y El Pi, ha conseguido reclamar la devolución del IVA a través de la sociedad anónima (motivo por el que los consistorios fueron creando estas empresas paralelas) por un total de 1,6 millones de euros de ejercicios acumulados, "de los cuales se han cobrado ya 800.000".

En el pleno extraordinario del 8 de julio de 2016 ya se aprobó la disolución inicial de Llucmajor Empresa Municipal de Serveis, S.A., creada en 2002, tras llegar a un acuerdo con los trabajadores y el sindicato. El consistorio llucmajorer acordó absorber tanto activos y pasivos como al medio centenar de trabajadores de la sociedad anónima, cuyos salarios se han ido adecuando a los del resto de personal laboral del Ayuntamiento. "No podíamos dejar a los trabajadores tirados y a 50 familias sin un sueldo", explica el actual alcalde, Bernadí Vives (El Pi).

De esta manera, el ayuntamiento de Llucmajor ha recuperado y dotado de partidas presupuestarias directas competencias como los residuos, la brigada municipal o la gestión del reciclaje, agua y limpieza.

Del mismo modo durante este tiempo se ha podido mejorar sustancialmente el pago a los proveedores, pasando de un periodo medio de 180 días (en algunos casos se llegó a casi los 200) hasta los 14 y en casos puntuales incluso a un periodo de una semana. "Durante la liquidación de las facturas a proveedores hechas tras la liquidación de Llemsa, nos dimos cuenta de que incluso se debía a empresas de fuera del municipio, lo que da a entender que las de aquí ya ni se fiaban a la hora de poder cobrar", especifica Oliver.

Sin un electricista

Otra de las curiosidades de Llemsa es que pese a su presupuesto (el último, el de 2015, fue de 2,8 millones de euros) y que integraba las labores de brigada, solamente contaba con tres obreros y ni un solo electricista en plantilla, "por lo que tenía que contratar y subcontratar muchos de los trabajos, lo que llegaba a ser un auténtico desastre económico". Una situación que con la asimilación el actual Ayuntamiento intenta corregir, ampliando el personal con siete obreros más y con la contratación pendiente de al menos un encargado para las labores eléctricas.

Tampoco se salva el parque automovilístico. De la flota de 50 vehículos de los que dispone el consistorio en propiedad en estos momentos, solo cuatro tienen menos de diez años de antiguedad y la mayoría tenga una edad media de entre 15 y 16 años.