La exhumación de la fosa de Porreres y la destitución de Franco como hijo predilecto de Sineu y Felanitx parecen haber incentivado la sensibilidad sobre la conveniencia de reparar agravios de la Guerra Civil, por lo menos en cuanto a honores, distinciones y recuerdos dignos. Otros destrozos de una contienda fratricida son, por desgracia, irrecuperables.
El inspector jefe de la Policía Local de Manacor, Antoni Sureda es, por igual, hombre de galones y de investigación con pluma siempre activa.
También pragmático y equidistante con un toque de originalidad. Ahora registra una petición en su Ayuntamiento por la que solicita que se reconozca un título escasamente homologado, el de funcionario perpetuo, a los guardias municipales y demás empleados públicos represaliados en 1936 por haber defendido la legalidad. Son una docena de personas entre fusilados, detenidos y desterrados.
Bien está honrar el digno nombre de quienes tuvieron el coraje de actuar sin adulterar sus principios ni la ley y pagaron con su vida o el desprecio por hacerlo con secuelas y sufrimiento para todo su ámbito familiar. Demasiado se está tardando en hacerlo, pero también habrá que recordar que el honor y la distinción, cuando afecta a cuestiones vitales, no se otorga ni arrebata, simplemente se gana y posee con el comportamiento y la trayectoria vital. Otra cosa es que se reconozca.
Ocho décadas de tardanza en hacerlo son demasiadas, pero más vale tarde que nunca, aunque solo sea como antídoto para procurar que desastres semejantes no vuelvan a pasar.
