El inspector jefe de la Policía Local de Manacor, Antoni Sureda, ha registrado en el Ayuntamiento una petición formal "para que se reconozca la labor de todos aquellos funcionarios municipales fusilados o encarcelados por defender la legalidad en el año 1936". De esta forma, y tras un exhaustivo estudio histórico, Sureda solicita tanto el reconocimiento público de las autoridades como nombramiento póstumo de todos ellos como "funcionarios de forma perpetua".

"Para mi como jefe de la Policía Local es un deber que tengo, y ya no valen excusas de dejarlo para quienes puedan sucederme en el cargo. Esta petición es de justicia después de tantos años", explica Sureda, quien ha presentado también a la corporación local un listado con los nombres de los agentes de policía y empleados públicos represaliados por hacer su trabajo.

Entre ellos se encuentran tres policías locales (o guardias municipales como se les nombraba en el momento de iniciarse el conflicto armado) que fueron detenidos y fusilados: Sebastià Bonet Fullana, Antoni Mas Llodrà y Joan Matamalas Salas; además de otros cinco agentes presos: Joan Bisbal Artigues, Miquel Galmés Parera, Miquel Oliver Martí, Mateu Veny Pont y Guillem Morey Mesquida. Además del jefe de policía de Manacor en 1936, Antoni Barceló Martí, que fue detenido y privado de libertad "y condenado al destierro sin poder volver nunca más a Manacor durante el resto de su vida".

Hace casi dos décadas que Antoni Sureda ocupa el cargo de inspector jefe de la Policía Local de Manacor, "que he intentado desarrollar con la máxima profesionalidad y con el gran orgullo de ser el líder de una institución centenaria", explica, antes de pasar a enumerar los motivos que le han llevado a estudiar, y a pedir ahora un reconocimiento público para aquellos que cumplían con el deber municipal en el momento del alzamiento nacional.

"En aquellos momentos determinados guardias municipales fueron detenidos, llevados a prisión (durante un periodo de seis años) y algunos de ellos fusilados por verdugos; sencillamente por defender la legalidad vigente que en aquellos momentos habían elegido democráticamente los ciudadanos, y que no era otra que la República".

A través de su trabajo de investigación titulado Depuracions en la Guàrdia Municipal i en altres funcionaris de l'ajuntament de Manacor, entre 1931 i 1950, el inspector ha logrado averiguar las purgas llevadas a cabo después de julio de 1936, así como de las primeras depuraciones de 1931, "con la clara diferencia de que estas no suponían ni un encarcelamiento ni evidentemente la muerte".

Autor de diversos libros y estudios relacionados con su profesión y los hechos acaecidos durante el franquismo, el inspector aporta además una serie de fotografías y las historias personales de cada uno de los depurados, incidiendo en su profesión y el desempeño de sus funciones en aquellos momentos.

"La implantación del nuevo régimen autoritario tenía la intención clara de represaliar y eliminar en cierta forma, a todas aquellas personas que representaban el gobierno y las instituciones de la Segunda República", recuerda Sureda en el artículo que próximamente será publicado, "especialmente aquellas personas que formaban parte de los gobiernos municipales y que lucharon a favor de mantener la legalidad".