Los miembros del Patronato de la Fundación Teatro Principal de Inca -Govern de les Illes Balears, Consell de Mallorca y Ayuntamiento de Inca- han acordado nombrar un letrado y procuradores para iniciar acciones legales contra la UTE Dragados-Coexa, concesionaria de las obras del Teatre Principal, que abandonó las mismas sin haberlas finalizado.
El objetivo es conseguir judicialmente que se declare la resolución por incumplimiento culpable de la empresa contratista de la reforma del Teatro Principal.
Además, se pretende que se determine el importe de los daños y perjuicios y el correspondiente resarcimiento a favor de la Fundación. "Este es un paso más para defender los intereses de la Fundación con la finalidad de conseguir el fin último que es tener esta infraestructura funcionando", asegura el alcalde de Inca, Virgilio Moreno.
El Patronato solicita que se le abone la subvención de 2,4 millones de euros de los fondos Feder, perdida por no acabarse las obras en plazo, y los gastos derivados de tener las obras cerradas y a la intemperie. Estos son los de tener que construir una nueva cubierta para el escenario y el cerramiento del lugar.
Los técnicos municipales han expresado que, dada la situación actual, la empresa también podría demandar a la fundación, hecho por el cual es importante contar ya con un letrado. Cabe recordar que en fecha 20 de junio de 2016 el Patronato de la Fundación Teatro Principal de Inca declaró la resolución por incumplimiento culpable de la empresa contratista. Además se confiscó la garantía definitiva y complementaria por un valor de 286.157 euros.
El 22 de enero de 2016 se aprobó la liquidación de obras y las certificaciones correspondientes por un total de 169.438 euros. "Todas estas cantidades son el resultado de confiscar la fianza y retener la liquidación y son las que se tienen que ajustar según criterio judicial", dice Moreno. En la reunión del patronato, que se celebró ayer en Inca, se acordó desestimar todas las alegaciones que había formulado la UTE.
Desestimación
Como es lógico, tras declararse perjudicada, la Fundación desestimó la reclamación de daños y perjuicios de la empresa y acordó notificar su acuerdo a dicha entidad y al avalista, el Banco Popular Español.
Las obras de reforma del emblemático Teatro Principal de Inca fueron detenidas de forma unilateral a mediados de 2015. La empresa alegaba defectos del proyecto que le impedían ejecutar las obras sin efectuar ajustes necesarios, con el consiguiente aumento económico. A ello se opusieron los técnicos supervisores quienes consideraban que no existía un desajuste tan importante como el que pretendía la empresa.
