Medio centenar de sollerics acudieron anoche a la reunión convocada en la capilla de ses Escolàpies en la que el president del Consell dio explicaciones sobre el próximo rescate de la concesión del túnel de Sóller, que efectuará la institución en septiembre.
Miquel Ensenyat admitió ante el público asistente que el rescate "no será un camino de rosas" y dejó entrever que acabará en los tribunales que dirimirán el precio definitivo que deberá pagar el Consell por este acto. Aún así la institución cree que con los 15,7 millones que han calculado sus técnicos será suficiente para rescindir el contrato de concesión.
En la reunión informativa también tomaron parte la consellera insular de Territori, Mercedes Garrido, y el alcalde de Sóller, Jaume Servera, que fueron respondiendo a las inquietudes que formularon los asistentes.
A los sollerics les preocupa el coste que finalmente tendrá para las arcas públicas el rescate, de dónde saldrá el dinero o si el levantamiento de la barrera incidirá en la seguridad ciudadana. También generó inquietud la problemática del aparcamiento y la circulación de vehículos, el encarecimiento del precio de la vivienda o el futuro de la subvención que tiene pendiente de liquidar el Govern a los residentes.
Un vecino sugirió retirar "la vergüenza" del nombre de Jaume Matas de la placa inaugural, mientras que otro recordó que el rescate que ahora se pone en marcha tuvo su germen en el movimiento ciudadano "No vull pagar" que se puso en marcha en Sóller en el año 2014.
A todas estas cuestiones, los representantes institucionales del Consell y el ayuntamiento de Sóller fueron dando respuesta. Jaume Servera reconoció que Sóller vivió el año pasado "un verano caótico" por la falta de aparcamiento, aunque avanzó que esta cuestión "está en vías de solución". Miquel Ensenyat afirmó que "derribaremos" estación de peajes "tan pronto se pueda" o que el rescate "es la única forma de asegurarnos que no se prorroga más el contrato". Un solleric sugirió la posibilidad de crear aparcamientos disuasorios en la entrada al municipio "para que todos los visitantes vayan a pie", mientras que otro puso de manifiesto que al coste del rescate se le deberán añadir otros 830.000 euros anuales que costará al Consell el mantenimiento de la infraestructura.
En general los asistentes a la reunión fueron receptivos con el rescate del túnel de Sóller y muestra de ello es que algunas intervenciones de los políticos concluyeron con aplausos del público.
En su argumentación, Ensenyat recordó que los ciudadanos del valle viven una "injusticia" al tener que pagar por atravesar el túnel y aseguró que "si uno no tiene que pagar para ir a Inca o Manacor, tampoco lo tiene que hacer para venir a Sóller".
Mercedes Garrido, por su parte, se centró en los aspectos técnicos del rescate. Afirmó que el túnel de Sóller "no cumple con las medidas de seguridad" y ello obligará a la institución a afrontar importantes inversiones en los próximos ejercicios para abrir una vía de evacuación e instalar bocas de riego y un circuito eléctrico alternativo a la red dentro de la galería.
Trabajadores
Uno de los datos que aportó Garrido es que los 20 trabajadores de la concesionaria no se verán afectados por el rescate del túnel. Los dedicados a mantenimiento serán recolocados en la empresa que asuma estas tareas, mientras que los técnicos y supervisores pasarán a formar parte de la plantilla de personal interino del Consell. La consellera concluyó que "a partir del 1 de septiembre nada cambiará para ellos".
