El ayuntamiento de Sóller prevé que el abono de la expropiación forzosa del campo de deportes Infante Lois acabe en los juzgados, en tanto que el equipo de gobierno está en desacuerdo con el pago de los siete millones de euros que impuso el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa como justiprecio de la operación.
Así lo señala la concejal del pacto Catalina Esteva, quien manifestó que "no estamos de acuerdo con esta cantidad" porque "creemos que es demasiado elevada". Esteva afirmó que el caso acabará dilucidándose en los tribunales de justicia ya que estima que los terrenos deportivos fueron sobrevalorados. La edil manifestó, además, que el ayuntamiento tiene valoraciones que establecen un valor "máximo" del recinto de tres millones de euros, la cantidad que, según Esteva, los representantes municipales hubieran estado dispuesto a liquidar.
Pese a las discrepancias manifiestas que se mantienen con la resolución del Jurado Provincial de Expropiación, el ayuntamiento de Sóller abonará en este ejercicio los primeros 1,8 millones de euros a cuenta de la expropiación definitiva. Esta cantidad corresponde al "valor de conformidad" que el ayuntamiento y los propietarios dieron por buenos cuando el caso fue trasladado al Jurado de Expropiación. Para hacer frente a este pago, el ayuntamiento recurrirá al superávit municipal obtenido durante el ejercicio pasado y la partida quedará recogida en los presupuestos del presente ejercicio.
El campo de deportes Infante Lois ocupa una superficie de 18.000 metros cuadrados en pleno núcleo turístico del Port de Sóller. El planeamiento urbanístico aprobado en 1998 clasificó la parcela como zona de equipamiento público, lo que a nivel práctico impide su desarrollo urbanístico. La protección de los terrenos conllevaba que el ayuntamiento debía expropiarlos en un plazo de cinco años, algo que jamás ejecutó pese a ser una condición inexcusable fijada en el acuerdo.
Tras diversas negociaciones frustradas entre los propietarios y el ayuntamiento, los dueños del solar llevaron el caso al Jurado Provincial de Expropiación, que en 2016 falló a favor de los intereses de los dueños estableciendo que los terrenos debían expropiarse por 6,9 millones de euros.
Esta severa resolución contra el ayuntamiento ha servido de base para que los dueños de la Fàbrica Nova, otro edificio catalogado como equipamiento, hayan iniciado los trámites para presentar demanda contra el ayuntamiento ante el mismo jurado para exigirle su expropiación forzosa.
En estos casos, administraciones públicas y propietarios tienen dos opciones: aceptar la tasación del Jurado Provincial de Expropiación o acudir a la Justicia ordinaria a través de los juzgados de lo contencioso administrativo. La primera posibilidad ofrece la ventaja de que acorta sensiblemente los plazos para acabar con el litigio y, además, evitar el pago de intereses de demora.
