El proceso judicial y los diferentes informes e investigaciones derivadas de las denuncias realizadas por los vecinos de las obras realizadas sobre el camino de Sa Bisbal en el año 2009 (así como las declaraciones de los usuarios y gente de la zona), han puesto claramente de manifiesto que la senda es de uso público inmemorial.

Además, el propietario real actual, a pesar de desconocer este hecho, es el ayuntamiento de Maria de la Salut, ya que fue la Universidad de Santa Margalida (predecesora de este consistorio), quien realizó la compra de toda la posesión en 1677 y de entre la documentación referida a las sucesivas parcelaciones y venta que hizo en los años posteriores a particulares, se ha encontrado documentación pública que hace referencia al camino.

En concreto se establece en aquel momento la obligación de mantenerlo abierto a fin de dar acceso a los propietarios de las Casas de la Bisbal, desde la carretera de Muro a Petra. Durante el siglo XIX (1836) María de la Salut se segregó de Santa Margalida, de modo que parte de las tierras de la antigua posesión de Sa Bisbal quedaron dentro del término municipal de Maria. De esta manera el camino de Sa Bisbal pasó a esta localidad en toda su longitud.

Más adelante, hacia los años 90 del siglo pasado, el Ayuntamiento, de oficio, promovió la consideración del camino como público y de propiedad municipal, pero de manera inexplicable no incluyó el tramo final, tramo que quedó desprovisto de la protección pública municipal la cual, de haberse tenido, hubiera evitado la batalla legal subsiguiente, que han tenido que sostener los vecinos denunciantes.

Durante las legislaturas de gobierno del PP se concedieron licencia de obras que permitía construir sobre el camino. Todas las quejas y escritos referidos a estas obras no obtuvieron ninguna respuesta consistorial. Por lo que los vecinos denunciaron un trato de favor por parte del consistorio, y que no se tenían en cuenta los informes históricos y escritos reiterados etc.

Mientras, los juzgados de Inca decretaron la paralización indefinida de las obras hasta la resolución del caso. La última sentencia fue la de marzo de 2016, que condenaba a los demandados a reponer el estado del camino a su situación anterior al comienzo de las obras que estos han ejecutado sobre el mismo, así como a abstenerse, en adelante, de realizar cualquier intromisión sobre el camino. Asimismo desestima íntegramente la demanda interpuesta por los propietarios del inmueble construido contra los demandantes y se imponen las costas de la tramitación a los constructores del chalé, según explica la familia Escalas, demandante del carácter público de la mencionada vía.

Ahora, la última sentencia del 21 de diciembre establece de manera clara y concisa que el camino es de uso público en todo su recorrido, los vecinos que denunciaron las obras el 2009, confían en el nuevo talante municipal y esperan que sea definitivamente el ayuntamiento de Maria de la Salut quien promueva, de manera definitiva, la protección de todo el camino en beneficio del municipio y de todo el que quiera disfrutarlo, como había sido siempre.