El ayuntamiento de Sóller deberá personarse ante el Jurado Provincial de Expropiación para responder a la demanda de justiprecio que tiene en trámite la propiedad de la Fàbrica Nova. Los dueños del viejo edificio le reclaman la expropiación forzosa del inmueble, dedicado en su día a la producción textil, de acuerdo con lo que establece la Ley del Suelo.
Este es el último episodio en el que se ve inmerso el viejo complejo industrial del camino de cas Jurat con el que da un giro a más de una década de despropósitos políticos, incertidumbre y proyectos que nunca llegaron a materializarse.
Con el inicio de los trámites legales los propietarios se ceñirán a exigir los derechos que les reconoce el ordenamiento jurídico: reclamar que la administración le expropie una propiedad que urbanísticamente está catalogada como equipamiento público y zona verde privada.
El procedimiento sigue el ejemplo del caso del campo de deportes Infante Lois, situado en el Port, tras el cual los propietarios recibirán siete millones de euros por su expropiación. Tanto la fábrica como el campo de deportes están catalogados como equipamiento público en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sóller de 1998.
Lenta agonía
La propiedad de la Fàbrica Nova, integrada por los herederos de la finada hija ilustre de Sóller Adela Oliver, quieren poner fin a la lenta agonía que cierne sobre un complejo industrial, clausurado el 1971 que lleva camino de la ruina.
Según han explicado fuentes de la propiedad, la demanda está en fase de redacción para presentarla ante el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa. El último trámite que queda por cerrar es la valoración del edificio y sus terrenos anejos, precio que será el punto de partida del litigio.
El ayuntamiento ha sido informado del procedimiento legal. Como es más que previsible que no haya acuerdo con el valor de la expropiación, el Jurado Provincial será el que finalmente determine el justiprecio que deberá abonar el municipio por la adquisición de la vieja fábrica.
El proceso tiene su fundamento legal en la calificación urbanística de la fábrica que, según el PGOU, es un equipamiento público. Los terrenos que la rodean están calificados como zona verde privada. La Ley del Suelo establece que los terrenos que se vean sujetos a esta calificación deben ser expropiados por la administración en un plazo máximo de cinco años,, transcurridos desde la entrada en vigor del planeamiento.
En caso de que no se produzca dicha expropiación, la ley deja en manos de los propietarios iniciar el procedimiento para exigir la expropiación forzosa.
