El equipo de gobierno de Sineu, formado por Gent per Sineu y El Pi, está elaborando el recurso contra la reciente sentencia judicial que condena al Ayuntamiento a pagar 335.288 euros a uno de los tres propietarios que cedieron terrenos para la construcción del colegio público de Rodamilans.
El motivo de la condena es el incumplimiento municipal del convenio que comprometía al Consistorio a recalificar de rústicos a urbanizables terrenos anexos a los cedidos a través de una modificación de las Normas Subsidiarias que no llegó a tramitarse. Dos de los tres propietarios presentaron una demanda contra el Ayuntamiento, y ahora una de ellas se ha resuelto a favor de los intereses del particular, que percibirá la citada cantidad porque el convenio fijaba en 74,45 euros el coste del metro cuadrado.
El alcalde de Sineu, Miquel Gelabert 'Confit' (GxS), explicó ayer que los servicios jurídicos del Ayuntamiento se han puesto manos a la obra para preparar un recurso que debería estar listo el 13 de diciembre, fecha límite para presentarlo. Sin embargo, el equipo de gobierno todavía no sabe a ciencia cierta si presentará la apelación porque al mismo tiempo ha iniciado un proceso de negociación con los propietarios con el objetivo de minimizar los costes del Ayuntamiento. De hecho, la institución municipal ha calculado que si los tres propietarios (uno de ellos está a punto de presentar demanda) ganan sus respectivos litigios judiciales, el Consistorio debería pagar 1,5 millones de euros, una cantidad inasumible para un municipio que cuenta con un presupuesto anual de 2,5 millones.
El alcalde no quiso desvelar el contenido de las negociaciones con los propietarios demandantes, aunque declaró ser "optimista". "Está claro que el Ayuntamiento tiene que pagar por estos terrenos e intentaremos llegar a un acuerdo satisfactorio para las dos partes", señaló Gelabert.
El pleno celebrado el pasado lunes en Sineu levantó mucha expectación porque el equipo de gobierno tenía previsto pedir explicaciones a los concejales del PP por el incumplimiento del convenio que ha derivado en la citada sentencia judicial. El acuerdo fue firmado en el año 2008, con el PP al frente del poder municipal.
Los diferentes grupos políticos se reprocharon mutuamente la gestión en este caso y ninguno de ellos quiso asumir la culpa de este caso tan perjudicial para las arcas municipales. El partido mayoritario en el gobierno local acusó al PP de firmar el contrato que posteriormente se incumplió, por lo que instó a los populares a "encontrar una solución".
Por su parte, el PP recordó que El Pi, que actualmente forma parte del equipo de gobierno, también gobernaba con ellos cuando se firmó el convenio con los propietarios, por lo que no cabe atribuir las culpas únicamente a los populares. En este sentido, el regidor de El Pi, Josep Oliver 'Pavarotti', señaló que el Ayuntamiento debería haber presionado más al Govern para reformar y ampliar la antigua escuela de sa Quintana antes de construir un colegio nuevo.
El exalcalde del PP Josep Oliver, que participó en las negociaciones con los propietarios en 2008, justificó el acuerdo que se firmó finalmente por el escaso tiempo que tenía el Ayuntamiento en encontrar un solar para ceder al Govern. "Si no se hacía rápido, perdíamos la escuela", aseguró.
