El actual equipo de gobierno del ayuntamiento de Felanitx, integrado por el Bloc, PSOE y El Pi, ha lamentado el tener que pagar, ahora, unos 22.000 euros por un proyecto de la anterior legislatura, no ejecutable y que, además, se tuvo que tirar a la basura.
En el último pleno del consistorio se trató precisamente el punto titulado así: "Revisión de oficio del segundo punto del acuerdo de la junta de gobierno local de día 5 de noviembre de 2012 relativo a la reclamación de pago de una minuta de honorarios al Sr. Juan Vilà Martínez".
Los gobernantes de centroizquierda, dirigidos por el alcalde Joan Xamena (Bloc), expresan su indignación puesto que el mencionado arquitecto que trabajó temporalmente en el Ayuntamiento, realizó hace unos años un primer proyecto de reforma del cementerio no ejecutable, que no servía, y que en consecuencia se tuvo que tirar directamente a la basura. Pese a la existencia de informes negativos de la aparejadora y de intervención, una junta de gobierno durante el mandato del conservador Gabriel Tauler acordó pagarle.
Vilà continuó llevando a cabo trabajos encargados por el consistorio, entre ellos un segundo proyecto de reforma del cementerio, este sí finalmente factible.
Según Bloc, PSOE y El Pi, al superar el proyecto el coste de 21.740 euros, se excedía del umbral de contrato menor. Y, evidentemente, el PP "debería de haber tenido en cuenta los contundentes informes negativos de secretaría y la aparejadora". La polémica radica en que el profesional reclamase el cobro por el primer proyecto.
El nuevo pacto Bloc-PSOE-El Pi se estrena en esta legislatura 2015-19 y consideró, al comprobar el caso, que el consistorio no debería de hacer frente a la demanda del arquitecto. Por ello pidió un informe al Consell Consultiu y, sorprendentemente, este órgano, pese a reconocer la existencia de informes en contra, se centra sólo en el acta de la junta de gobierno en cuestión que acordó el pago de la factura, y advierte de que ya han pasado más de seis años.
De esta manera, el ayuntamiento de Felanitx ha de pagar en torno a 22.000 euros por un proyecto "no ejecutable y que fue arrojado a la basura", reprochan los dirigentes. Cabe recordar que el segundo proyecto ya fue debidamente pagado.
