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Inca

El consistorio debe dejar Gesa antes de finales de noviembre

La compañía Endesa, propietaria, ha iniciado un expediente de desahucio - El alcalde se niega a la compra pactada por el anterior gobierno

Las antiguas instalaciones de Gesa, situadas en la calle Artà, que se han usado como aparcamiento.

La compañía Endesa ha iniciado los trámites para deshauciar al Ayuntamiento de Inca del recinto de la histórica fábrica de gas de la ciudad. Se trata de unas instalaciones de grandes dimensiones que tras la primitiva fábrica de gas ocuparía la ya desaparecida y también histórica compañía Gesa.

Tras abandonar estas instalaciones a principios de la década de los años 2000 para trasladarse a una nave nueva en el polígono, Gesa cedió en precario las viejas instalaciones al Ayuntamiento. Éste las aprovechó inicialmente para instalar el cuartel de la Policía Local y la sede de algunas entidades sociales y culturales. Además de ello habilitó los amplios espacios abiertos como aparcamiento gratuito. Esta operación dio un buen balón de oxígeno a la barriada de es Cós en materia circulatoria.

Tras años de cesión precaria y la desaparición de Gesa, y su reconversión en Endesa, la compañía energética reclamó, hace unos años, la devolución o el pago de una cantidad próxima a un millón de euros.

El exalcalde Rafel Torres se negó en esos momentos a abonar una cantidad que consideraba excesiva y manifestó que había iniciado conversaciones y estudios para hacer una valoración y adquirirlo.

No obstante la opción no llegó a fraguar y el mes de abril de 2015 la compañía solicitó el pago o el abandono de las instalaciones. El ayuntamiento, gobernado aún por el PP, accedió a comprometerse a la compra por un importe de 696.246 euros. No obstante, las elecciones provocaron un cambio de gobierno y tras acceder a la vara municipal, Virgilio Moreno (PSOE), recibió la reclamación de pago.

Moreno sostiene que "ante la reclamación lo que se hizo fue buscar el expediente, pero no constaba más que la aceptación del alcalde y un borrador de la valoración que ni siquiera estaba firmado". El alcalde sostiene que lo que hizo fue encargar una valoración técnica que oficialmente tasó el valor del recinto en 421.372 euros.

Torres recriminó en el pleno municipal a Moreno que permitiera que el Ayuntamiento se viera inmerso en un proceso de desahucio. Sin embargo, Moreno apunta que "lo que no se puede hacer es comprar algo ilegalmente. No podemos pagar más de lo que dice el arquitecto que vale".

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