La sede del centre Capvespre acogió ayer la reunión constitutiva de una ponencia técnica con la que se impulsará un sello de calidad para la naranja de Sóller. La opción que más probabilidad salga adelante será la de la Indicación Geográfica de Calidad (IGC) aunque también se analizará la posibilidad de crear una denominación de origen.

La comisión, que será la encargada de elaborar los estudios técnicos, está integrada por el Govern balear, la cooperativa agrícola Sant Bartomeu, Agroilla, Fet a Sóller y los ayuntamientos de Sóller y Fornalutx. Mediante los recursos técnicos, materiales y económicos que aportarán los promotores, se elaborarán unos estudios centrados en las variedades de naranja denominadas 'canoneta', 'cul d'ou' y 'peret', ya que tradicionalmente han sido cultivadas únicamente en Sóller. Estas variedades han retrocedido espacio para dar paso a otras variedades que comercialmente se colocan mejor en el mercado.

Miquel Gual, presidente de la cooperativa agrícola de Sóller, explicó que la intención final es la de crear una diferenciación del producto que se cultiva en el valle como distintivo de calidad "para mejorar la rentabilidad de los cultivos y mejorar los ingresos económicos de los agricultores". Por su parte, el director general de Agricultura del Govern, Mateu Ginard, aseguró que la administración pondrá medios técnicos y económicos para elaborar los estudios sobre la naranja, a la vez que destacó la importancia de potenciar las especies vegetales autóctonas. En este sentido, el representante del Govern informó que su departamento ya trabaja en la prospección del material vegetal para analizarlo, la compatibilidad de los 'empelts' y la futura inscripción en el registro de variedades autorizadas a partir de las distintas especies de naranjos que hay en Sóller.

La iniciativa de crear el sello de calidad pretende potenciar el cultivo de la naranja en Sóller, que en 20 años ha pasado de producir 5 millones de kilos anuales a los 500.000 del pasado ejercicio.

Otro objetivo es mejorar el precio que se paga al agricultor que, en opinión de Miquel Gual, no debería ser inferior al de 2 euros por kilo.