El pleno de Calvià, con los votos a favor de PSOE, Sí Se Puede y Ciudadanos, ratificó ayer la nueva ordenanza para el fomento de la convivencia, que supone el acta de defunción de la normativa anterior, que permitía la posibilidad de perseguir a las prostitutas por la vía penal (con petición de penas de cárcel), al acusarlas de un delito de desobediencia grave a la autoridad cuando fuesen multadas reiteradamente desoyendo un decreto de Alcaldía.
El debate sobre el cambio normativo dejó uno de los debates más enconados de la legislatura entre el gobierno de centro-izquierda (PSOE y Sí Se Puede) y el PP, que votó en contra. Esquerra Oberta se abstuvo al discrepar de la generalidad de la ordenanza.
La regidora popular Raquel Sánchez acusó al gobierno municipal de practicar un "buenismo trasnochado", al tiempo que advirtió del "infierno" que se vive en algunas calles de Magaluf por los robos y los actos violentos asociados a las meretrices. "Parece que quieren crear un Port Aventura de la prostitución", argumentó Sánchez.
Por parte del gobierno municipal, su portavoz, Andreu Serra (PSOE), recordó el nulo éxito que tuvo la ordenanza anterior, con un recurso a la vía penal que acabó siendo desestimado por la Audiencia Provincial. Serra subrayó que hace falta un nuevo enfoque "pluridisciplinar", que combata la trata y que analice de dónde proceden estas mujeres y por qué se ven abocadas a la prostitución. "No hay que penalizar a la mujer que está explotada sexualmente y sí [hay que perseguir] el robo y la violencia", manifestó.
Ante la crítica formulada por los populares, en el sentido de que se están quitando "herramientas legales" para luchar contra este fenómeno, el alcalde Alfonso Rodríguez Badal aseguró: "Nosotros no despenalizamos la prostitución, porque [penalizar o no] no es una competencia de una administración municipal".
Recaudación municipal
Otro momento tenso se produjo en el punto que sirvió para aprobar los estatutos de la Oficina Municipal de Tributos de Calvià, que será el órgano encargado de gestionar los gravámenes tras la internalización.
La teniente de alcalde de Economía, Mamen Iglesias (PSOE), destacó el "éxito" en la recaudación de este año, que se ha hecho con medios municipales. Ante esto, el portavoz del PP, José Manuel Ruiz, echó en cara al gobierno que "dejó en la calle" a los 21 empleados que prestaban el servicio externalizado.
