La Comisión municipal de Gobierno del Ayuntamiento de Inca aprobó ayer la expropiación de dos fincas situadas junto a la estación de tratamiento de aguas residuales con el objetivo de ampliarla.

La previsión inicial del consistorio para efectuar el pago de la indemnización es de 50.000 euros, aunque los afectados disponen ahora de 20 días para formular alegaciones.

Virgilio Moreno, alcalde de la ciudad, explica que "se trata de una obra necesaria porque la depuradora se construyó en su momento para atender las necesidades de una población de 24.500 habitantes y en la actualidad Inca cuenta con 31.167 vecinos".

El alcalde sostiene que "probablemente se producirán alegaciones que serán analizadas y debidamente contestadas". "Es normal que las haya", indicó el responsable municipal.

Las fincas afectadas tienen una superficie muy similar y juntas suponen un total de 7.100 metros cuadrados aproximadamente.

Moreno indica que "Abaqua solicitó la disponibilidad de terrenos para poder llevar a cabo las obras. Su intención es intentar acometerlas el próximo año, pero lo más probable es que por razones de disponibilidad económica se retrase a 2018". El mandatario sostiene que "el Ayuntamiento está acelerando los trámites en un intento de que, si existe la posibilidad de llevarlo a cabo en 2017, no exista ningún impedimento". El consistorio es consciente de que en la actualidad la depuradora de Inca está atendiendo una demanda superior en 6.600 personas a su capacidad original.

Abaqua deberá tener en cuenta el crecimiento previsto para los próximos años. Los técnicos municipales sostienen que dificilmente se desarrollaría en su totalidad, pero por si acaso detallan que si se ocupara todo el suelo vacante disponible la población de la ciudad sería de 58.554 habitantes.