El ayuntamiento de Llucmajor se comprometió ayer en pleno a dotar de una red de alcantarillado a las urbanizaciones de Cala Pi, Vallgornera y es Pas. Lo hace como primer paso para poder solicitar, a través de la conselleria de Medio Ambiente del Govern, ayudas procedentes de fondos europeos que consigan financiar hasta el 50% del presupuesto total de la obra, que según el alcalde Jaume Tomàs (Més), se situaría entre los 10 y los 12 millones de euros.

Según estipula la nueva normativa, los propietarios de solares en urbanizaciones que carezcan de alcantarillado, no podrán solicitar permisos de obra al Ayuntamiento, lo que supondría un grave perjuicio para los particulares. Son pocos los consistorios mallorquines que podrían hacer frente en solitario al coste de las infraestructuras solicitadas.

En el caso de Llucmajor, el Ayuntamiento se aferra a las dificultades que plantea el paso por la Cova de Vallgornera, tanto para llevar las canalización como por el hecho urgente de contar con ella ante el posible filtrado de residuos de las actuales fosas sépticas, muchas de ellas anteriores a los años 80 y con problemas de estanquidad (resueltos en las posteriores al año 2006).

En el caso de que la solicitud de ayudas para un caso tan especial como el llucmajorer prosperara y Europa pagara la mitad de los trabajos, un 10% correría a cargo directamente de la corporación municipal, mientras que el 40% restante saldría inevitablemente de las contribuciones especiales que deberían pagar los vecinos de las urbanizaciones.

"Disponemos de un año para redactar el proyecto y cuatro más para justificarlo, licitarlo y adjudicarlo; es decir hasta 2021", explicaba ayer el alcalde Tomàs tras el pleno. Todo ello para no poner en peligro la continuidad de una zona que cuenta con 1.040 solares para una población potencial de unas 6.500 personas.

Disolución de Llemsa

El pleno de ayer también sirvió para aprobar por unanimidad la disolución definitiva de la empresa pública local Llemsa, y la subrogación en el ayuntamiento de Llucmajor de los derechos, deberes y obligaciones de la sociedad, entre ellas que sus 50 trabajadores queden integrados en la plantilla del consistorio.