29 de septiembre de 2016
29.09.2016
Pollença

El alcalde destituye al policía local condenado por torturas tras la sentencia del Supremo

March admite que el Ayuntamiento "no puede tener un agente penado en firme por agresiones" - El Ayuntamiento tenía preparado un decreto de suspensión cautelar de funciones a la espera del fallo

29.09.2016 | 02:45
El alcalde destituye al policía local condenado por torturas tras la sentencia del Supremo

El agente no acudió ayer a su puesto de trabajo

  • El policía Antonio G. M. no ha esperado que el ayuntamiento de Pollença le comunicara el decreto de destitución, que firmará una vez recibida la sentencia. El alcalde Miquel Àngel March reconoció que el agente ya no acudió ayer, día en el que se conoció el fallo definitivo del Supremo, a su puesto de trabajo. El Consistorio espera que ya no vuelva a incorporarse a la plantilla policial, a pesar de que oficialmente todavía no se le ha destituido. “El objetivo es que este agente no vuelva más al trabajo mientras se tramita el expediente de revocación del contrato”, reconoció March, quien precisó también que el policía no ha causado ningún problema a la plantilla policial durante los meses en que ha formado parte de ella. Ahora el Consistorio deberá abrir un nuevo proceso de contratación para cubrir la baja.

Críticas por una contratación controvertida

  • La contratación por parte del ayuntamiento de Pollença de un agente que había sido condenado por un delito de torturas en el cuartel policial de Palma provocó una gran controversia política en el municipio y una alarma social que ha desgastado al equipo de gobierno progresista, atrapado entre la voluntad política de apartar al agente de sus funciones y la burocracia administrativa que, con la normativa en la mano, aprobaba la contratación.
          Muchos son quienes piensan que el gobierno local ‘pollencí’ cometió un error de bulto en la contratación del agente y que ha tardado demasiado tiempo en reaccionar.
          El partido Alternativa recogió firmas en contra y reclamó el cese del regidor de Seguridad Ciudadana por “incompetencia manifiesta”.

El alcalde de Pollença, Miquel Àngel March, firmará un decreto de destitución de Antonio G. M., agente de la Policía Local que había sido contratado por el ayuntamiento 'pollencí' hace unos meses a pesar de la condena que pesaba sobre él por un caso de torturas a un detenido en el cuartel de Sant Ferran de Palma. El motivo por el cual el equpo de gobierno de Pollença ha decidido ahora revocar la contratación del agente es la reciente sentencia del Tribunal Supremo que confirma la condena anterior de la Audiencia de Palma contra el policía local, el principal acusado del caso, y otros tres agentes por patear a un arrestado que estaba esposado en el cuartel palmesano, un incidente que quedó registrado en vídeo.

Desde el primer momento en que este diario desveló la contratación del policía por parte de Pollença, el pasado mes de julio, el alcalde March aseguró que solo despediría al agente condenado si el Supremo confirmaba el fallo de la Audiencia recurrido por los policías implicados, una decisión que ha creado alarma social en el municipio y que ha sido muy criticada por la oposición. March alegó entonces que el agente cumplía con todos los requisitos reclamados a los aspirantes a formar parte del bolsín de interinos, por lo que su destitución fulminante podría haber sido motivo de un delito de prevaricación por parte del Ayuntamiento.

El alcalde aseguró que, debido en parte a las presiones sociales y políticas que recibía por mantener al agente condenado en su puesto de trabajo, tenía previsto firmar un decreto de suspensión cautelar de las funciones del policía a la espera de la sentencia definitiva del Supremo que finalmente se hizo pública ayer, un decreto que el propio March calificó de "forzado" debido a que administrativamente la contratación del policía local había sido correcta.

"La sentencia es clara, hasta ahora la decisión tomada era suspenderlo cautelarmente de funciones, pero ahora ya podemos hablar de un decreto de revocación del contrato o de destitución", señaló el regidor del partido progresista Junts Avançam. El decreto que servirá para apartar al policía condenado de la plantilla de Pollença será firmado por el alcalde cuando la institución reciba oficialmente la sentencia del Tribunal Supremo, trámite que ayer todavía no se había producido.

En este sentido, el regidor concluyó ayer que "el ayuntamiento de Pollença no puede tener contratado a un policía condenado en firme por un delito de agresión y tortura".

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