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Nueva ordenanza para el fomento de la convivencia

Calvià elimina de la ordenanza cívica la persecución de las prostitutas por la vía penal

El Consistorio lo justifica por el "nulo resultado" de pedir penas de cárcel por un delito de desobediencia grave a la autoridad - El gobierno municipal no relajará el control de la prostitución callejera y prohibirá las relaciones sexuales en la vía pública

La prostitución callejera se concentra en verano, en calles de Magaluf y Santa Ponça. manu mielniezuk

La nueva ordenanza para el fomento de la convivencia en Calvià elaborada por el gobierno de PSOE y Sí Se Puede elimina la persecución de las prostitutas callejeras por la vía penal (con petición de penas de cárcel), una medida que introdujo el PP en 2004 y que, desde entonces, no había encontrado un recorrido exitoso en sede judicial hasta caer prácticamente en el olvido.

El texto normativo, que será sometido a la aprobación definitiva de la corporación en el próximo pleno municipal, sólo contiene una referencia a la prohibición de "mantener relaciones sexuales en el espacio de uso público o en lugares visibles desde éste", lo que, llegado el caso, permitiría multar la prostitución, pero únicamente desde la esfera administrativa.

La anterior ordenanza de Policía y Buen Gobierno de Calvià, que ahora se modifica y pasa a llamarse para el fomento de la convivencia, equiparaba la prestación de servicios sexuales a una actividad económica que se ejercía sin licencia en la vía pública, motivo por el cual era una conducta sancionable por la Policía.

Si una prostituta acumulaba varias de estas denuncias administrativas por realizar una actividad no autorizada, el Ayuntamiento consideraba que estaba incurriendo en un delito de desobediencia grave a la autoridad, lo que podía desembocar en responsabilidad penal, que es más grave que la meramente administrativa. El delito de desobediencia grave a la autoridad o a sus agentes está castigado con pena de prisión de seis meses a un año o pago de multa.

Especialmente en época del alcalde Carlos Delgado (PP), el Ayuntamiento se personó en varios casos como acusación particular y obtuvo algunas sentencias condenatorias, tanto por falta como por delito. En un principio, algunas de estas sentencias fueron confirmadas por la Audiencia Provincial, pero luego empezó a consolidarse una postura contraria a la vía penal.

Esa postura acabó unificándose en las diferentes secciones de la Audiencia Provincial. En síntesis, vinieron a decir que el recurso a la vía penal era desproporcionado.

"Un decreto dictado por el alcalde de un ayuntamiento no puede definir acciones u omisiones constitutivas de infracciones penales", concluyó la Sección Primera de la Audiencia, que advirtió de las consecuencias de llevar cualquier sanción administrativa a la esfera penal, como tirar la basura fuera de horario.

Aportaciones de entidades

En el texto inicial de la ordenanza para el fomento de la convivencia, se mantenía el recurso a la vía penal, al tiempo que se castigaba no sólo a las meretrices, sino también a los clientes que solicitaban servicios sexuales.

Sin embargo, según explican desde el ayuntamiento de Calvià, esa postura se reconsideró tras recibir alegaciones de la UIB, el Institut Balear de la Dona, Cruz Roja y entidades como Médicos del Mundo y Casal Petit, que pedían evitar la criminalización de unas mujeres que son víctimas de la explotación sexual.

El fenómeno de la prostitución callejera se centra sólo en temporada alta, en dos zonas muy concretas de Calvià: las vías adyacentes a Punta Ballena y la calle Ramon de Montcada de Santa Ponça.

Cada verano, la presencia de estas prostitutas genera quejas vecinales y del sector turístico, por los robos y agresiones que protagonizan en ocasiones.

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