La Federación de Cofradías de Pescadores se muestra muy preocupada ante lo que sostiene que es "la mal llamada protección" del canal de Menorca, mediante una regulación establecida por una Orden Ministerial que se publicó el pasado viernes 16 de septiembre. Dicha orden prohíbe la pesca de arrastre en casi todo el canal, reduciendo la pesquería de la flota de Ciutadella, Cala Rajada y Port d'Alcúdia en un 70%.
Los pescadores auguran una disminución importante de las capturas de ciertas especies de precio moderado, y por tanto de mayor consumo, como la pescadilla, el caramel (gerret) o el salmonete (moll). Temen que se cree un vacío y que la demanda propicie la entrada de pescado procedente de la península o de Marruecos, con la consiguiente pérdida de renta anual.
Antoni Garau, secretario de la federación de cofradías explica que "la iniciativa de proteger el canal fue del propio sector, presentando varios planes de gestión tanto a la comunidad como al ministerio de Agricultura, que nunca fueron aceptados".
Se trataba de planes que tenían como objeto regular la actividad pesquera en el canal de Menorca, indistintamente de que no existieran cartografías de los fondos que pudieran medir las concentraciones o predominancia de coralígenos en la zona del canal.
Propuestas
"En un momento determinado -indica el secretario-, el Ministerio remitió propuestas, inaceptables para el sector, que suponían una drástica reducción de la actividad pesquera del canal". La pesca en el canal afecta a las flotas de los puertos de Ciutadella, Pollença, Alcúdia, Cala Rajada, e incluso Portocolom y Santanyí, coincidiendo con el extenso cartografiado del canal de Menorca resultado del proyecto Life+Indemares.
"No hubo ninguna posibilidad de negociar un acuerdo. La Federación, en representación de las cofradías afectadas y en fecha de marzo de 2016, presentó alegaciones formales que suponían una clara protección tanto de la zona de rodolitos cómo de maërl (algas coralinas), permitiendo una cierta actividad pesquera que pudiera mantener el rendimiento de las embarcaciones", sostiene Garau. Estas alegaciones no se contestaron. Finalmente, "y de forma sorpresiva, nos hemos encontrado con unos hechos consumados traducidos en la publicación de la orden", sentencia.
El jueves se produjo una importante reunión con representantes de los puertos afectados y la dirección general de Pesca, dentro del ámbito de la Federación, donde se tomaron unos primeros acuerdos en relación a la publicación de la orden, las evaluaciones económicas que supondrá la implementación de esta regulación y un seguimiento continuado de la actividad de la flota en las áreas donde se podrá ejercer la actividad pesquera en aplicación de la orden.
El sector siempre ha defendido la necesidad de proteger determinadas áreas donde las concentraciones de coralígenos eran predominantes, a pesar de que la actividad de arrastre se ha producido ininterrumpidamente desde el siglo pasado.
Petición
"Creemos que la investigación demostrará que la existencia de rodolitos y la actividad pesquera son plenamente compatibles. Esto es una responsabilidad que tendrá que asumir el sector, mediante estudios científicos que puedan acreditarlo. Siempre ha habido barques de bou y los rodolitos están ahí", asegura Garau.
