El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Palma ha aceptado un recurso presentado por el sindicato FSP-UGT, que pedía la anulación de unas gratificaciones extraordinarias que el ayuntamiento de Calvià otorgó a seis subinspectores y tres policías locales. El pago lo decidió en abril de 2015 el anterior equipo de gobierno popular, presidido por Manu Onieva.
En una sentencia fechada el pasado 16 de septiembre, la juez concluye que la concesión de esas gratificaciones -de 1.000 y 2.000 euros- no se hizo siguiendo el preceptivo cauce administrativo.
En este sentido, la magistrada remarca que el abono de esas retribuciones debería haber sido objeto de debate previamente en la mesa de negociación correspondiente y que se tendrían que haber otorgado en función de los criterios establecidos por el pleno municipal.
"No consta que estos requisitos se hayan verificado en las asignaciones impugnadas", se puede leer en la resolución judicial aún recurrible que anula esas gratificaciones "por no ser ajustadas a Derecho" y que impone las costas del proceso a la administración municipal.
Origen del recurso
El contencioso se remonta al mes de abril de 2015, cuando se publicaron unos decretos de Alcaldía anunciando el pago de gratificaciones extraordinarias de 1.000 euros en la nómina de ese mes a seis subinspectores y de 2.000 euros a otros tres agentes.
FSP-UGT recurrió la decisión, con varios argumentos, como el hecho de que no se justificasen "los servicios extraordinarios que se pretenden retribuir". Además, el sindicato arguyó que esos pagos no constaban en el presupuesto global destinado a gratificaciones. Tampoco se publicaron, sostenía FSP-UGT, los criterios para su asignación.
El Ayuntamiento, por su parte, defendió que el abono de esas cantidades se justificaban por la mayor exigencia de disponibilidad a esos policías y por el aumento del nivel de responsabilidad que tenían hasta el momento.
