Nueve miembros del equipo de gobierno de sa Pobla aprobaron en el pleno del jueves que el Consistorio siga los trámites pertinentes sobre el caso del arquitecto municipal, Bartomeu Villalonga, para que sea un juez quien decida sobre los pagos que reclama el técnico. Cabe recordar que el arquitecto denunció al Consistorio en 2012 y volvió a ser contratado por la institución en 2016. Villalonga denunció al Ayuntamiento por despido improcedente y ganó, pero lo que se aprobó ayer es por otra denuncia del arquitecto.

El juicio que tendrá que encarar el Ayuntamiento es sobre unas facturas proforma que el arquitecto presentó de 2008 a 2011, cuando gobernaba el pacto IxSP-PSOE-PSM. Villalonga había sido contratado anteriormente por el PP. Las facturas proforma suman más de 400.000 euros.

Al pleno no asistieron dos miembros de Més per sa Pobla, Antoni Simó y Catalina Munar. Por su parte, el PP decidió abandonar el pleno cuando Ferragut expresó su propuesta de crear una comisión negociadora sobre este caso, que los populares tacharon de "falsa e innecesaria porque ya se sabía con antelación que no se quería llevar a cabo por parte de los grupos políticos".

Finalmente, Ferragut propuso que el Ayuntamiento continúe las actuaciones procesales y que sea el juez quien dicte sentencia, ya que las dos propuestas anteriores para zanjar el caso no han salido adelante.

Rafel Socias, de Més per sa Pobla, informó que su postura era la de dejar que el juez dicte su sentencia y que sea otro abogado que lleve el caso y no el municipal, "por su amistad con el arquitecto". También lamentaron y recriminaron la postura del PP de abstenerse de este punto del PP y por los 8.000 euros "gastados en unas auditorias de las que los servicios jurídicos no tenían conocimiento". El PP afirmó que estos informes se hicieron "porque ya no nos fiábamos de las cantidades reclamadas por las facturas proforma y por eso no se pagaron".

Catalina Cladera, del PSOE, señaló que "tal vez el primer acuerdo estaba sobrevalorado" y añadió que "hubiera estado dispuesta a abrir el proceso negociador a la baja", aunque finalmente deberá ser la justicie la que dictamine.