19 de agosto de 2016
19.08.2016
Calvià

El PP urge al gobierno municipal a luchar contra la venta ambulante

La oposición reclama que se cumplan las ordenanzas de Calvià que persiguen esta actividad ilegal

19.08.2016 | 01:38
Un vendedor ambulante ofrece sus productos a un grupo de turistas.

La venta ambulante es, junto a la prostitución callejera, uno de los fenómenos cíclicos que se reproduce cada verano en Calvià, pese a las declaraciones de intenciones de administraciones de distinto signo político. Este año, según denunció ayer el Partido Popular de Calvià, el problemas, "lejos de desaparecer, continúa en aumento".

El PP recordó los perjuicios que causa esta práctica comercial al margen de la legalidad. En primer lugar, la competencia desleal que supone para la oferta complementaria. "Los vendedores ambulantes causan una bajada en las ventas de sus negocios", sostuvieron los populares.

Apuntaron también que, en ocasiones, esta práctica encubre delitos contra la salud pública por la venta de drogas, "algo que no casa en absoluto con la imagen de turismo de calidad que se pretende potenciar por todos los sectores económicos de Calvià".

El principal partido de la oposición municipal urgió al gobierno municipal (PSOE y Sí Se Puede) a aprovechar las herramientas a su alcance para combatir esta actividad ilegal.

En este sentido, el PP apeló al cumplimiento de las ordenanzas de Policía, en vigor, y la del fomento de la convivencia, en tramitación.

Ordenanza para la convivencia

En su artículo 39, esta última normativa establece la necesidad de evitar que los vendedores ambulantes "de cualquier tipo de géneros, excepto expresa licencia municipal, ejerzan su actividad en la vía pública o se ofrezcan servicios de cualquier naturaleza no solicitados, de manera que molesten con su insistencia a los turistas y residentes".

El catálogo sancionador de esa ordenanza considera una infracción grave la venta ambulante de "cualquier tipo de alimentos, bebidas y otros productos", con multas que oscilan entre los 601 y los 1.500 euros.

"No importa el dinero público que se emplee en nuevas campañas de publicidad, si no se actúa sobre el terreno aplicando las ordenanzas municipales en defensa de la legalidad y el bienestar de vecinos y comerciantes", apuntaron desde el Partido Popular.

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