El ayuntamiento de Inca licitará un nuevo concurso para la concesión de la recogida de basura y la recogida selectiva de la ciudad. Uno de los puntos importantes de esta nueva contrata es que se retirarán los contenedores de basura en zona rústica y se sustituirán por cinco puntos de aportación, o puntos verdes, que se construirán en los alrededores de la ciudad.
Además de lo mencionado, se instaurará un servicio de recogida puerta a puerta en determinados barrios como mejor opción para fomentar el reciclaje.
Todo ello es consecuencia del bajísimo nivel de reciclaje que registra la ciudad. Las directrices europeas establecen que para 2010 se debe reciclar el 50% de la basura generada. Inca recicla en estos momentos sólo el 8%; pero, además, ese porcentaje ha ido disminuyendo, pues en 2009 se reciclaba el 9,3%.
Medidas
El pleno aprobó unas medidas introducidas en el primer Plan de Gestión de Residuos de la ciudad. Este plan fue respaldado por unanimidad de la corporación. Es el primer paso para establecer un nuevo sistema de recogida cuyo pliego de condiciones se aprobó también en el mismo pleno, pero donde ya se produjo una fisura entre el equipo de gobierno (PSOE, Més, Independents y El Pi y la oposición (PP). Los populares votaron en contra de la convocatoria del concurso para adjudicar el servicio.
El pliego de condiciones recoge todo lo que establece el plan de residuos. Entre otras actuaciones se encuentra la recogida selectiva, la gestión del parque verde del polígono industrial, los cinco nuevos puntos verdes construidos en los alrededores de la ciudad, así como una deixalleria móvil.
El contrato tendrá un coste de 1.787.315 euros más IVA al año. Se otorgará por un período de ocho años, lo cual supondrá unos 14.298.000 euros.
Cobro
La empresa concesionaria cobrará por su trabajo de forma mensual, pero se le descontará el trabajo no realizado; es decir, no cobrará la cantidad anual repartida en doce mensualidades sino por el trabajo ejecutado, pudiéndosele descontar hasta un 50%. Además de ello, se le retendrá un 30% de las facturas hasta fin de año. Esa cantidad se le remunerará si ha cumplido con los objetivos marcados. Xisca Barceló, concejal de servicios explicó que "de esta forma la empresa asume riesgos. No queremos que lo tenga seguro y se relaje". El desacuerdo surgió al proponer el PP que se municipalizase el servicio.
Antonio Aguilar, concejal del PP, aseguró que "efectuando la recogida con recursos propios el Ayuntamiento se ahorraría el beneficio industrial y el IVA, lo que supone unos 280.000 euros al año, o lo que es lo mismo, 2.240,000 euros en ocho años". Barceló adujo que "si el PP tenía este interés debería haberlo municipalizado en 2005 cuando concedió la última contrata y además tendría que haber redactado ya el pliego el año pasado -actualmente el contrato está prorrogado-. ¿Por qué no lo hizo?". A lo que Aguilar respondió: "Porque lo queríamos municipalizar". Barceló intervino nuevamente para destacar que la llamada Ley Montoro impide ampliar personal.
