La Plataforma Salvem es Moll, contraria a las obras de ampliación del puerto deportivo del Port d'Alcúdia, ha remitido una instancia a la Autoritat Portuària de les Illes Balears (APB) para reclamar la incoación de un expediente sancionador para Alcudiamar y la restauración integral de los fondos marinos alterados por el inicio de las obras de ampliación ejecutados por esta entidad concesionaria del club náutico 'alcudienc'.

La plataforma sostiene que el acuerdo entre Alcudiamar y la APB sobre el proyecto básico de las obras "no faculta" a la empresa concesionaria a iniciar las obras "sin que previamente se haya autorizado el proyecto constructivo de ejecución y se hayan obtenido todas las autorizaciones preceptivas, incluidas las medioambientales". El colectivo recuerda que el Govern instó a Alcudiamar a mediados de junio a presentar la documentación para tramitar la evaluación simplificada del proyecto de obras de ampliación de la dársena porque "podrían afectar apreciablemente a las zonas LIC y ZEPA inmediatas".

En este sentido, la Plataforma Salvem es Moll también ha solicitado tanto a la APB como a la dirección general de Medio Ambiente del Govern que obliguen a la promotora a presentar una evaluación de impacto ambiental ordinaria y no simplificada, que en principio es el tipo de modelo solicitado por la conselleria a la concesionaria del club náutico.

En su escrito, la plataforma argumenta que, según la normativa aplicable, "procedería la redacción de una evaluación de impacto ambiental ordinaria" porque, a su entender, el proyecto cumple los requisitos contemplados en la Ley para que el estudio sea ordinario y no simplificado, ya que se ganan terrenos al mar y la superficie afectada es superior a las cinco hectáreas.

Según calcula este colectivo contrario al proyecto, si se acumulan los proyectos de construcción de la estación marítima (más de 40.000 metros cuadrados), el proyecto seleccionado de Marina Aucanada Group S. L., que prevé una dársena de 11.000 metros cuadrados, y la ampliación de la darsena autorizada a Alcudiamar, que ganará al mar otros 12.000 metros cuadrados, "se superarían las cinco hectáreas de superficie" que marca la Ley como condición para realizar el estudio ordinario.