El ayuntamiento de Pollença esperará que la sentencia sea firme antes de actuar contra el policía local que acaba de incorporar como interino a la plantilla municipal a pesar de que fue condenado a un año y medio de cárcel por patear a un detenido indefenso en el cuartel de Sant Ferran de Palma. La sentencia dictada por la Audiencia de Palma fue recurrida por el agente. Antonio G. M., ante el Tribunal Supremo, por lo que el consistorio 'pollencí' estará pendiente de la resolución del Alto Tribunal para decidir si mantiene o no al policía local en la plantilla.
El alcalde de Pollença, Miquel Àngel March (Junts Avançam), aseguró ayer a este diario que si el Supremo confirma la condena por torturas, el Ayuntamiento "ejecutará" el fallo de forma instantánea. Mientras, seguirá ejerciendo de policía local en Pollença porque, según March, debe imperar la "presunción de inocencia" y porque "cumplía con todos los requisitos" reclamados a los aspirantes a formar parte del bolsín de interinos. "Hasta que no hay una sentencia firme no puede hablarse de condena", apuntó el alcalde.
La noticia adelantada ayer por este diario causó un gran revuelo en el Ayuntamiento. El alcalde se entrevistó por la mañana con el inspector de la Policía Local y también con los técnicos de Constratación para informarse sobre el proceso que ha llevado al agente a formar parte de la plantilla.
March explicó después de hablar con los técnicos que el policía local accedió al cargo como número dos del bolsín de interinos y que por ello ha sido uno de los tres agentes contratados. Al parecer, el agente explicó a los miembros del jurado su situación judicial, pero no presentó ningún documento escrito sobre ello porque, según el alcalde, no estaba obligado a hacerlo debido a que no tiene ninguna condena firme en su contra ni está inhabilitado. March añadió que si el Ayuntamiento decide ahora despedirle incurrirá en "prevaricación".
Expediente informativo
Por otra parte, el regidor 'pollencí' anunció que el Ayuntamiento abrirá un expediente informativo para "analizar" el caso del agente policial, que fue condenado a un año y medio por patear a un detenido en Palma, acción que captaron las cámaras del cuartel. Tal y como publicaba ayer este diario, el policía no ha podido ser suspendido de empleo y sueldo porque mientras duró el proceso judicial solicitó la baja laboral. Sin embargo, hace pocos días solicitó el alta para pedir la excedencia como funcionario del ayuntamiento de Palma y optar a un puesto en la plantilla de Pollença, que le ha sido concedido. Cabe señalar que Antonio G. M. también está siendo investigado para aclarar si se aprovechó del amaño de las oposiciones de ascenso que convocó la Policía Local de Palma.
El alcalde añadió que "suena fatal" el hecho de contratar a un agente que ha sido condenado por torturas a un detenido, pero "no nos queda más remedio que acatar las normas, porque excluirle del bolsín era prevaricar".
Por su parte, la formación política Alternativa per Pollença señaló ayer que "no hay ninguna excusa" para contratar al agente de Palma y exigió a los dos partidos que conforman el pacto, Junts Avançam y Unió Mollera Pollencina, que "expulsen de manera inmediata" al policía "torturador" si no quieren ser "cómplices" de "actuaciones menospreciables de tortura policial".
