El PP de sa Pobla denunció ayer que el equipo de gobierno ha pagado 400.000 euros al arquitecto municipal por trabajos realizados durante la legislatura 2007-2011. Según este partido, tanto la contratación como la ejecución de los proyectos facturados son de "dudosa legalidad".

Según los populares, entre esos años el arquitecto, coincidiendo con la decisión de no renovarle el contrato, envía una serie de facturas de diferentes importes por trabajos supuestamente realizados entre 2008 y 2010. Después, el técnico denunció un despido improcedente "y cobró la correspondiente indemnización" porque era considerado personal laboral. "Los trabajos facturados debían encontrarse en el contrato de prestación de servicios y además no podía contratar directamente con la Administración", dice el PP.

Por su parte, el equipo de gobierno desmintió ayer los pagos denunciados por el PP, pero añadió que se elevará a pleno una propuesta de reconocimiento de crédito a favor del arquitecto por valor de 270.000 euros para finalizar el procedimiento judicial iniciado por el técnico en 2013 en el que reclamaba 409.000 euros.