El pleno del ayuntamiento de Sóller aprobó este jueves por la noche los presupuestos municipales para el ejercicio de 2016. Con un importe global de 15,7 millones, el municipio dedicará 1,3 millones de euros a inversión pública. Las cuentas municipales fueron aprobadas con los únicos votos favorables del equipo de gobierno formado por PSOE y Més. Los partidos de la oposición (PP, El Pi y Guanyem) optaron por el voto en contra al estar en desacuerdo con algunas partidas y por las "prisas" con las que en el último momento se modificaron algunas partidas presupuestarias.

Las cuentas recogen la nueva organización interna de los funcionarios que ha suscitado una notable polémica esta semana en el seno del ayuntamiento. El capítulo más destacado es el dedicado a inversiones públicas. El documento aprobado por el pleno prevé destinar una partida de 1,3 millones de euros en actuaciones de inversión.

La más importante, que asciende a 450.000 euros, se dedicará a trabajos de mejora de la red de alumbrado público. La red necesita una inversión global de 1,3 millones de acuerdo con el proyecto técnico que encargó el ayuntamiento, por lo que a lo largo de este ejercicio se acometerá un tercio de la reforma prevista.

Otras actuaciones importantes que se ejecutarán a cargo de los presupuestos municipales son la construcción de una pasarela peatonal sobre el torrente de Fornalutx a la altura de la avenida de Asturias (90.000 euros), inversiones en vía pública (79.000), la reforma de la capilla de Ses Escolàpies (78.000) o el asfaltado de varias calles (66.000).

La partida de inversión incluye también el pago de varias obras que se ejecutaron por la vía de urgencia en ejercicios pasados y gastos extra de algunas inversiones ya ejecutadas.

Con la aprobación de las cuentas, el ayuntamiento pondrá punto y final a más de un año de funcionar con las cuentas prorrogadas, en tanto que los últimos presupuestos aprobados corresponden a los del año 2014.

Críticas al 'decretazo'

Los partidos que están en la oposición aprovecharon la sesión plenaria para criticar el "decretazo" con el que se han redistribuido los pluses de productividad de numerosos funcionarios, algo que ha levantado mucho malestar en el seno del ayuntamiento.

El Pi, a través de Jaume Bestard, pidió al alcalde Jaume Servera que le explicara los criterios seguidos ya que a su juicio habían sido "subjetivos, por amiguismo o por la ideología política".

Servera le replicó que los cambios se realizaron de forma "objetiva".