El Juzgado de lo Social número 1 de Palma ha declarado improcedente el despido en 2013 de un arquitecto. En una contundente sentencia, se critica con dureza la actitud del ayuntamiento de Santanyí. En concreto, se condena al consistorio a optar entre readmitir al trabajador o indemnizarle, decantándose la institución municipal dirigida por el alcalde Llorenç Galmés (PP) por lo segundo. Así, las arcas municipales, deberán asumir una indemnización cifrada en más de 32.000 euros. La resolución judicial ha sido recurrida por el Ayuntamiento, si bien todo apunta a que además de la indemnización, deberá abonar también la multa que le imponga el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Vecinos de Santanyí, conocedores ya de esta reciente sentencia, critican a los gobernantes conservadores todo este "despropósito" y los "perjuicios" causados.
Cabe explicar que el arquitecto trabajó en el consistorio santanyiner desde noviembre de 2006 hasta mayo de 2013, como asistente técnico y de manera indefinida. El despido coincidió con el relevo en la alcaldía, pasando la vara de manos de Miquel Vidal a Llorenç Galmés. La justificación oficial del cese: pretensión de acabar con una situación laboral irregular.
No obstante, en una junta de gobierno local de septiembre de 2013 se acordó lo siguiente: debido a la "acumulación de expedientes de concesión de licencias de obras existentes en el departamento de Urbanismo, por falta de informe técnico preceptivo por la falta de personal", aprobar la "realización de un contrato menor de servicios para llevar a cabo los informes de solicitudes de licencias de obras mayores en suelo urbano", contratándose para ello a otra persona.
En julio de 2013 el arquitecto despedido interpuso demanda "por dignidad" y "para reparar los daños morales sufridos". En el acto de conciliación, incomparecencia del Ayuntamiento.
La dura sentencia remarca que el arquitecto despedido prestaba servicios todos los días laborables en horario de 8 a 15 horas. En definitiva, desde noviembre de 2006 hasta el 31 de mayo de 2013 "prestó servicios para el Ayuntamiento demandado como Arquitecto", disponiendo de un espacio físico propio con mesa y ordenador. Figuraba en el listado del Colegio Oficial de Arquitectos de Balears como arquitecto municipal de Santanyí (suelo urbano) e incluso pasó los correspondientes reconocimientos médicos. No hubo decreto de cese y la 'expulsión' (extinción de contrato) fue de un día para otro.
