El PP, en la oposición de Inca, sembró dudas durante el pleno sobre la legalidad del acuerdo de los propietarios del Camp Nou al hacer sesión de éste al Constància por 20 años. Este acuerdo es el que posibilita que el Ayuntamiento pueda hacer inversiones en el terreno y habilitarlo para la temporada próxima. Rafel Torres, portavoz del PP, sostuvo que "si en mayo de 2015 ese acuerdo era ilegal, ahora lo sigue siendo".

Hace unos días se celebró una asamblea de propietarios a la que faltaron un total de 150. En 2015, cuando el PP pretendía hacer inversiones en el Camp Nou, la oposición -actual equipo de gobierno- solicitó un informe al secretario quien destacó la ilegalidad de las obras al no disponer el Constància del usufructo y que, para que fuera posible, debía concurrir la unanimidad de los propietarios.

En el último pleno, el PP solicitó si el acuerdo actual era legal al faltar 150 propietarios. El secretario informó de que en el contrato de usufructo antiguo, que se remonta a los años 60, existe un artículo que indica que sería suficiente una mayoría de propietarios para hacer la cesión, aunque el técnico indicó que existía cierta contradicción con otros artículos del mismo documento así como la certeza de que el mismo estuviera aún vigente.

Usufructo

Torres se aferró a estas palabras y manifestó que "nadie está en contra de inversiones para mejorar las instalaciones, pero si cuando nosotros quisimos hacerlo ustedes dijeron que era ilegal, ahora lo sigue siendo porque la ley es muy clara y dice que para hacer cesión del usufructo debe existir unanimidad de los comuneros".

Àngel García, teniente de alcalde de Hacienda, contestó que "la situación es distinta a la que se planteó en mayo del año pasado. Entonces el Constància no tenía el uso del campo porque había expirado el contrato y eso impedía, legalmente, cualquier inversión pública en el lugar. Ahora hay un acuerdo de la junta de propietarios que cede el uso al Constància al que este ayuntamiento sí puede subvencionar porque es una entidad social sin ánimo de lucro".

El concejal insistió en que "el acuerdo es un asunto entre los propietarios y el Constància y nadie lo ha impugnado. Mientras ningún juez anule ese acuerdo, este ayuntamiento está legitimado a subvencionar las instalaciones cedidas al Constància".