La conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca comenzó a tramitar ayer la modificación del decreto de la reserva marina de Llevant Mallorca-Cala Rajada, con el fin de prohibir la pesca submarina en la zona, a partir de una propuesta del propio sector.
El conseller Vicenç Vidal presidió el primer consejo pesquero de esta legislatura en el que participaron 31 representantes de las cofradías y de todos los consells insulares. "Hay que entender que es una propuesta que viene de los pescadores profesionales, avalada por estudios científicos, y puede marcar un antes y un después en esta reserva", indicó. Tras la aprobación se comenzará a tramitar.
La semana pasada el ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el Govern balear prorrogaron el convenio de colaboración para la gestión compartida de la reserva marina de Llevant-Mallorca, que estará vigente hasta agosto de 2020.
El acuerdo compromete a ambas partes a seguir impulsando la gestión y seguimiento de la reserva marina, que tiene una extensión de 11.285 hectáreas y se ubica frente a las costas de los municipios de Artà y Capdepera. Sus aguas interiores las asume el Govern mientras que las exteriores el Ministerio. Además ayer también se trató la creación de la nueva reserva de sa Dragonera, a la que se han presentado solo cuatro alegaciones con el objetivo de mejorar el texto, destacó Vidal.
Asimismo el conseller informó de las conversaciones con los pescadores sobre "el regreso a la normalidad" en la reserva integral de Formentera, con la recuperación de unas diez hectáreas en la zona de s´Espardell que habían sido reducidas en la legislatura anterior. "Son unos firmes defensores de las reservas", ha dicho Vidal en alusión a los pescadores profesionales.
Evitar la venta ilegal
Finalmente, se abordaron los avances del reciente decreto que legisla el turismo marinero, que incluye la regulación de las primeras ventas de los productos desde que desembarcan hasta que llegan a casa, con el fin de evitar el furtivismo. En este sentido, el conseller ha dicho que habrá "una mejora significativa", con 36 máquinas para pesar y etiquetar los productos y garantizar que no se trata de una venta ilegal.
