La conselleria de Servicios Sociales ha dejado sin local a casi 300 pensionistas de Petra. El Govern decidió hace unas semanas recortar al máximo los gastos que le viene suponiendo el polémico casal de Can Real, reformado en 2007 y del que el Ejecutivo balear continúa pagando anualidades por el proyecto, hasta el punto de decidir abrir solamente los miércoles por la mañana y para fines meramente asistenciales. Una decisión que no ha sentado nada bien a la Associació de Persones Majors de Petra, que ha denunciado el cierre fortuito de lo que hasta ahora era su sede social, un hecho para el que no encuentran explicación más allá "del partidismo político".
Así lo critica Toni Mercadal, presidente de la asociación mayoritaria, quien explica que "hace un mes, más concretamente el 15 de marzo, la Conselleria de la señora Fina Santiago nos dijo que se nos había acabado el contrato y que teníamos que abandonar el local. Todo ello sin dar más explicaciones y sin informar sobre los motivos o el uso que pretenden darle a Can Real". El cierre ha obligado al ayuntamiento petrer a reasignarles otro espacio en el Quarter, al lado del teatro municipal.
Como también apunta Mercadal, hace años que el uso del inmueble supone una batalla política de complicada resolución entre asociaciones y ediles. Can Real fue una de las promesas que Jaume Matas hizo a Petra poco antes de abandonar el Govern. Tras finalizar su reforma, en 2007, el Partido Popular estipuló que el local sería para las asociaciones de la tercera edad de Petra, siendo la predominante la Associació de Persones Majors, con 280 socios y más afín al PP, lo que hizo que la menos numerosas, la Verge de Bonany (con unos 90 socios y tradicionalmente más de izquierdas) no quisiera compartir actividades.
Posteriormente, y con la entrada del primer Pacte de Progrés de Francesc Antich, el centro pasó a formar parte de la red de dependencia del Govern, quien contrató a cuatro personas y dotó a Can Real de una infraestructura apropiada para la atención a usuarios de distintos municipios cercanos, con un coste de 240.000 euros al año.
Dos recortes seguidos
En 2013 y con la llegada de nuevo del Partido Popular de José Ramón Bauzá, los recortes supusieron el despido del personal asignado y la reducción en unos 200.000 euros del coste anual de la instalación, que quedaba de nuevo bajo la gestión de la asociación de Persones Majors.
"Hace un mes que nos sacaron a la calle por cuestiones políticas. Esto es así de claro", explica Mercadal, "y desde entonces Can Real está cerrado todos los días, excepto las mañanas del miércoles, cuando una asistenta social viene para atender a una serie de discapacitados". El resto de días, y pese a aún tener las llaves en casa, el presidente acata la orden de desalojo del local, donde hasta ahora y cada día de la semana desde las 18,30 y hasta las 21 horas se desarrollaban distintas actividades sociales, tales como clases de pintura sobre cristal o tela, bordado, calceta, informática o baile (grupo de Ball de Bot de Can Real), actividad que el Ayuntamiento ha resituado en un espacio cercano a la casa consistorial.
"Cada viernes solíamos cocinar para todas las personas ancianas del pueblo que lo necesitaran, pero en el Quarter no hay cocina y el espacio es mucho más reducido", explica el presidente, que sopesa volver a presentarse a la reelección este próximo mes de mayo, ante la posibilidad de que la asociación pueda quedar en manos de un supuesto candidato afín a Més "recientemente afiliado". El conflicto entre asociaciones de la tercera edad viene manteniendo la tensión entre familiares y políticos desde hace décadas, pese a los recientes intentos del alcalde, Salvador Femenías (El Pi), por apaciguar los ánimos, recordando que su madre está afiliada a ambas.
