La playa virgen más concurrida del municipio de Manacor vuelve a estar, a pocos meses de que llegue el verano, de nuevo en el punto de mira del interés municipal. El Ayuntamiento ha anunciado esta semana la redacción de un plan para regular el uso público de Cala Varques, y de esta forma determinar qué se puede hacer y de qué manera actuar para evitar la masificación del arenal y de su camino de acceso durante la temporada alta.
Un diagnóstico que el consistorio manacorí adjudicó el pasado 16 de marzo y por contrato menor, a la empresa artanenca Gest Medi Ambient i Turisme SL, después de que una semana antes se firmara un decreto de inicio del expediente para el servicio, lo que se concretó este lunes noche en el pleno municipal.
El estudio, según confirma el Ayuntamiento, pretende resolver de una vez por todas los posibles problemas competencia surgidos durante los últimos años, cuando la afluencia de turistas ha puesto en peligro tanto la seguridad en la cala como en sus vías de acceso. En todo caso y pese a la importancia de determinar un marco de actuación, el plan no estaría redactado para este próximo verano, sino que ya empezaría a ser aplicable de forma efectiva en 2017, lo que no ha dejado muy contento al anterior equipo de gobierno municipal formado por Més-Esquerra, PSOE y Volem, quienes en mayo del año pasado, priorizaron la actuación en Cala Varques, instalando señales prohibiendo aparcar a ambos lados del camino que lleva a la senda del arenal y la implicación de la Policía y Guardia Civil para la imposición de multas a quienes no cumplieran.
Multas
Entre la Local y la Benemérita impusieron 216 y 800 sanciones respectivamente, solamente durante el mes de agosto y a razón de 200 euros cada una. Además del millar de multas (con una recaudación que superó los 200.000 euros), se retiraron también puntos en el carnet de conducir. El récord de denuncias en una sola jornada se produjo el 18 de agosto, cuando entre los dos cuerpos de seguridad, uno en el camino y otro en la carretera, impusieron 57 multas.
A mediados del verano pasado el entonces nuevo equipo de gobierno municipal (Més-Esquerra, PSOE y Volem) decidió actuar colocando una serie de señales que advertían a los conductores de la prohibición de aparcar sus utilitarios a lo largo del kilómetro y medio del camino que lleva a la entrada de la finca. Los 400 coches diarios de media diarios, tuvieron que aparcar a los lados de la carretera que va de Porto Cristo a Portocolom, con el consiguiente peligro para su seguridad y la del resto de conductores.
Peses a las críticas de la oposición la iniciativa logró, en pocas semanas, reducir de forma notable la presión humana sobre el paisaje en al menos un 30%.
