Una juez de Palma ha determinado que existen indicios más que suficientes para sentar en el banquillo al que fuera alcalde del municipio de Porreres, Bernat Bauzá Garau, ya que le acusa de los delitos de malversación de fondos públicos, fraude y prevaricación. Delitos que vienen relacionados con el auditórium municipal de Porreres y por la subvención pública que recibió, a través de la empresa pública Inestur, de 500.000 euros para un proyecto de artes escénicas, cuyo destino no se llegó a justificar correctamente, según concluye la magistrada.
Bauzá, que presentó su dimisión como alcalde alegando motivos profesionales y judiciales, tuvo que declarar hace cuatro años ante la magistrada Carmen Abrines, en una de las piezas del denominado caso Voltor. Su declaración no convenció en absoluto a la juez, que ha dado por terminada la instrucción de este caso y ha llegado a la conclusión de que existen motivos suficientes para juzgar al exalcalde de Unió Mallorquina. Por ello, el juzgado ha dictado un auto, en el que da un plazo para que el fiscal se pronuncie sobre la posibilidad de presentar escrito de acusación o solicitar el sobreseimiento del caso. La fiscalía está ultimando el escrito de acusación y, lógicamente, solicitará que Bauzá se siente en el banquillo por estos tres graves delitos que se castigan con pena de prisión. Esta decisión de la juez no solo afecta al alcalde de este municipio, sino también al exconseller de Turismo del Govern, Francesc Buils y al que fuera gerente de la empresa pública de Inestur, Antoni Oliver, ya que fueron los dos responsables políticos que aprobaron esta subvención pública. Los dos antiguos políticos de UM se encuentran en estos momentos en prisión por otras causas de corrupción.
Los hechos por los que Bauzá tendrá que responder ante el tribunal se refieren al convenio que firmó la fundación Auditorio de Porreres con la conselleria de Turismo en el mes de marzo de 2008. El acuerdo lo que hacía es que el Govern subvencionaba un proyecto de artes escénicas. El acuerdo era de 250.000 euros, renovables por cuatro años más. Según explica la magistrada, fue el Ayuntamiento de Porreres, y no la fundación, la que en agosto de 2008 solicitó a Inestur el ingreso del dinero, que se pagó a través de una transferencia. Al año siguiente se volvió a solicitar el pago de la subvención y el auditórium recibió los otros 250.000 euros. A cambio de este dinero público, el Auditórium estaba obligado a justificar el uso que había realizado. Sin embargo, esta obligación no se cumplió. El Ayuntamiento que presidía Bauzá, según señala la juez, aportó facturas por "conceptos ajenos al objeto del convenio". Por ejemplo, para justificar estos gastos, se presentaron facturas que correspondían, no a las obras escénicas que tenían que realizarse, sino a las obras de construcción del propio teatro de Porreres. Además, también se aportaron fotocopias de otras facturas que no estaban "ni cotejadas ni compulsadas" y lo que es más grave, no se ha demostrado que estos gastos fueron efectivamente abonados por la fundación del auditórium. Muchos de los gastos con los que se intentó justificar el uso del dinero público correspondían a fechas anteriores al propio convenio.
La casa del alcalde
La fiscalía Anticorrupción sospechó que el alcalde Bauzá utilizó una parte del dinero público que recibió de Inestur para subvencionar la compra de su nueva vivienda. Se averiguó precisamente que la empresa que construyó esta nueva vivienda del exprimer edil era la misma que realizó las obras del auditórium municipal. La casa, construida a la entrada de la localidad, consta de planta baja y dos pisos. Además, también se averiguó que el propietario de esta empresa de construcción, que no está ubicada en Porreres sino en Cala d'Or, creo una sociedad a medias con la esposa del alcalde. Esta mujer fue citada a declarar como imputada, aunque la juez no la incluye en su auto de culminación de la instrucción judicial.
El escrito de la magistrada resalta que el alcalde, en su declaración judicial, se excusó en que el Ayuntamiento de Porreres sufría un problema de descontrol. Esta situación se produjo hasta que cesó al secretario y el nuevo que vino puso orden. Reconoció que había confundido la estructura administrativa del Ayuntamiento con la de la fundación, aunque señaló que el consistorio era el único dueño del auditórium.
Sobre las facturas del 2008 que aportó, señaló que correspondían a obras realizadas y dijo que no sabía si estos documentos se habían presentado para justificar el objeto del convenio de las artes escénicas.
Tanto Buils como Antoni Oliver se desmarcaron del uso incorrecto de esta subvención pública. El entonces conseller dijo que se limitó a firmar el convenio de colaboración, mientras que el exgerente alegó que no sabía que los gastos tenían que justificarse.
