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Sóller

El pleno derogará la normativa local que permitía un servicio de calesas

El PP manifiesta que se trata de un error puesto que aunque no se preste puede ser positivo en un futuro

Carlos Simarro (PP). Joan Mora

El pleno del ayuntamiento de Sóller someterá a pleno la derogación de la ordenanza municipal que regula el servicio de transporte de pasajeros con calesas. La propuesta ha sido impulsada por el equipo de gobierno municipal, integrado por la coalición Més y el PSOE que, a la práctica, imposibilitará la creación del servicio de carruajes turísticos, motivo por el cual se elaboró la norma en el año 2012.

El argumento utilizado por el equipo de gobierno es que el tráfico de estos carruajes dificultaría el tráfico rodado del resto de vehículos. Pero en el trasfondo también está la oposición de los partidos de izquierdas al uso de animales en este caso para la realización de un servicio turístico en Sóller.

La propuesta será sometida debate plenario del próximo martes y obtendrá el apoyo de los concejales del equipo de gobierno. Por su parte el PP, partido mayoritario de la oposición, optó ayer por abstenerse en la votación celebrada en la comisión informativa previa. Su portavoz, Carlos Simarro, afirmó: "No vemos necesario suprimir esta ordenanza" ya que, "si alguna vez surgiera una iniciativa privada para crear este servicio creo que sería un atractivo turístico más para Sóller que además generaría puestos de trabajo".

La ordenanza que se prevé derogar fue aprobada por el gobierno de Simarro en el año 2012. Su elaboración surgió en un momento en que el ayuntamiento recibió la solicitud de un particular para crear un servicio de calesas tiradas por caballos en el Port. Ante el vacío legal existente en la normativa municipal, Sóller tramitó la ordenanza aunque finalmente el promotor del proyecto desistió de la iniciativa.

Servicio de basuras

Por otra parte, el ayuntamiento adjudicará a la empresa municipal Sóller 2010 el servicio de recogida de basuras, limpieza viaria y de playas por un importe de 1'4 millones de euros anuales. El contrato será por un período de cuatro años e implica un incremento de la partida de 100.000 euros respecto el contracto actualmente en vigor.

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