El Estado, a través del ministerio de Medio Ambiente, tendrá que hacer frente a los gastos de reparación de un extenso talud de tierra ubicado en Puerto Portals, que está en peligro de caer, con las consecuencias que ello podría ocasionar. Esta decisión la ha adoptado el Tribunal Supremo, que ha dado la razón a la comunidad de propietarios del complejo Silver Point, situado en Puerto Portals, que hace más de una década que reclama a la administración estatal que asuma los gastos de esta importante obra. Los propietarios han tenido que entablar un pleito, defendido por el abogado Miquel Guillem Ramis, pero finalmente los jueces, tanto en el TSJB, como después en el Supremo, les han dado la razón. Las sentencias judiciales solo dan la orden de que el talud se repare, pero en ningún momento se habla de cifras económicas. Sin embargo, los afectados disponen de un presupuesto aproximado de lo que puede valer esta obra que correspondería a la zona de costas, que alcanza casi dos millones de euros.
En el año 1979 el Estado otorgó una concesión administrativa a una empresa constructora para que realizara una estabilización de dicha pared de tierra. Sobre esta zona se construyó años después este edificio de viviendas denominado Silver Point. Debido a las constantes caídas de piedras que sufría este montículo, hace años se realizó una obra provisional, que consistió en anclar sobre la zona de tierra una malla metálica, que en estos momentos está muy deteriorada.
En el año 2003, la comunidad de vecinos solicitó a Demarcación de Costas de Balears que recuperara la propiedad de este terreno, al concluir el periodo de concesión. Durante años, Costas y Ports de Balears no se pusieron de acuerdo para asumir la competencia de este terreno. Finalmente, asumió la propiedad la Demarcación de Costas que pertenece al Estado.
Una vez adoptada esta decisión, los propietarios pidieron por escrito a la administración que se realizaran obras urgentes de estabilización, aportando varios informes técnicos que señalaban la necesidad inmediata de adoptar medidas de seguridad ante el peligro de derrumbe que sufría este talud. El ministerio de Medio Ambiente no dio respuesta a esta petición. Ante esta situación, los vecinos afectados no tuvieron más remedio que acudir a los tribunales. Para que les den la razón han tenido que esperar cuatro años a que los jueces se pronuncien. Los tribunales ordenan la reparación y por tanto tendrá que ser el Estado el que asuma los gastos de esta importante obra técnica. Lo que no se determina es la fecha del inicio de dicho proyecto, ya que los propietarios tendrán que solicitar la ejecución de la sentencia. La administración tendrá que presentar un informe técnico, que determine las actuaciones que se deben realizar para evitar la caída de este talud de tierra. La Abogacía del Estado ha llevado el pleito hasta las últimas instancias debido a que mantenía que el coste de la obra debía asumirla el Ayuntamiento de Calvià. No lo han interpretado así los jueces, que reiteran que las obras urgentes que se deben realizar son de protección y conservación del dominio público. El tribunal ordena por tanto al Estado que adopte las medidas necesarias para dotar de seguridad este talud.
