Un informe jurídico encargado por el alcalde, Antoni Mulet, ha provocado que se revoque el acuerdo de efectuar todas las compras municipales sólo en comercios locales mientras sea posible. La propuesta partía de El Pi, pero legalmente es inconstitucional pues vulneraría el derecho de la libre competencia e incluso la Ley de Contratación Local. Según el informe, una medida así resultaría discriminatoria ya que todas las empresas españolas tienen el derecho a contratar.
