Vecinos de Costa de la Calma (Santa Ponça, Calvià) han recibido una notificación de Correos informándoles de que, a partir del próximo 18 de julio, ya no habrá reparto postal a domicilio en esta urbanización. Las alternativas que ofrece el organismo estatal pasan por instalar un buzón pluridomiciliario o bien recoger directamente los envíos postales en la oficina de Santa Ponça, en la calle Río Sil.

El motivo de esta decisión es que la urbanización de Costa de la Calma acaba de ser calificada como "entorno especial". Así lo ha decidido la Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que es la máxima autoridad reguladora en materia postal en España.

Para ello, ha tenido en cuenta que este núcleo calvianer, donde están censados más de un millar de vecinos, cumple con las condiciones que establece un real decreto estatal para limitar el servicio domiciliario. Por un lado, el número de habitantes por hectárea es de 12,38. Se trata, recuerda Correos, de una cifra inferior al mínimo de 25 habitantes por hectárea que fija la normativa para poner en práctica un reparto domiciliario puerta por puerta. Por otro lado, la Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha determinado que la zona tampoco supera el umbral mínimo de envíos postales. Según esta resolución oficial, el número de envíos semanales por vivienda es de 1,06, una cifra "inferior a la cantidad de cinco envíos que establece [?] el Reglamento Postal". En la misiva remitida a los vecinos de Costa de la Calma, Correos se pone a su disposición para colaborar y asesorar en la instalación de buzones pluridomiciliarios.

Reacción política

Ante este escenario, el Grupo Municipal de Esquerra Oberta instó ayer al Ayuntamiento a interceder para evitar la desaparición del servicio de Correos en Costa de la Calma, así como en otros núcleos del municipio susceptibles de ser catalogados como de "entorno especial".

La coalición progresista censuró la "pasividad" que, en su opinión, han demostrado el actual gobierno municipal de izquierdas, así como el anterior del PP, para resolver este problema. Según Esquerra Oberta, el Consistorio supo de la desaparición del servicio en febrero de 2015, "y en todo este tiempo no se ha realizado gestión alguna para evitar esta complicada situación".