"Nunca se debería haber iniciado ni la investigación penal ni la incoación del expediente. En ambos casos, se ha demostrado que tanto la secretaria, Francisca Perelló Roig, como yo, actuamos en todo momento de acuerdo a la normativa. Hoy ya nadie lo duda y el archivo es muestra de ello". Así de rotundo se manifiesta Fernando Alcántara Rivero. La conselleria de Educación del Govern balear ha cerrado el expediente disciplinario que pesaba sobré él, incoado en la pasada legislatura 2011-2015, al no encontrar ningún tipo de falta disciplinaria en sus actuaciones durante su etapa como director del CEIP Colònia de Sant Jordi. Es decir, Alcántara no cometió ningún delito de falsificación de documento público, ni coacciones, ni amenazas ni tráfico de influencias. Tampoco fraude a la Administración. El complejo expediente ha concluido que no hubo ninguna estrategia encaminada a no dar de baja a alumnos que no acudían al centro (alumnos ficticios) para contar con más personal docente, y que esta esta circunstancia favoreciera a su esposa, maestra interina, Esperança Rigo.
En declaraciones a este periódico, Alcántara mantiene que en la conselleria de Educación "había mucha gente, tanto políticos como técnicos que sabían que el expediente era humo del anterior gobierno, y de lo que se trataba era de mejorar la imagen de la consellera Joana Maria Camps [polémico TIL, affaires Trepitja y Moma, y con su equipo de la Conselleria involucrados en los expedientes a los directores de Menorca y Marratxí] en aquel momento".
Por hechos similares, los tres directores de Menorca han presentado una denuncia por prevaricación al inspector que firmó el expediente y a los políticos que lo avalaron. Respecto a ello, Alcántara afirma que "los directores de Menorca estuvieron 14 meses con el expediente incoado, para acabar cerrado y sin consecuencias. Yo he estado 22 meses en las circunstancias parecidas y con el mismo resultado final, el expediente cerrado. No había nada. Me solidarizo con ellos. Sé bien lo que han pasado. En mis circunstancias, estudiaremos el caso con calma y tomaremos la decisión que mejor convenga".
En cuanto a los políticos locales, "hay políticos en ses Salines que con sus actuaciones han quedado totalmente retratados, y la gente se está comenzando a dar cuenta de cómo actuaban. Solo hay que ver los diarios. El municipio está totalmente crispado y alarmado por las actuaciones en la legislatura pasada", gobernando El Pi-PP.
Problema del propio sistema
El 21 de mayo del pasado año, y tras una exhaustiva investigación de la policía judicial de Manacor, el juzgado de instrucción número 3 de Manacor decidió archivar la causa penal al no hallar ningún delito contra sus actuaciones en el CEIP colonier. Según el fiscal del caso y los informes de los técnicos del departamento de Educación, el problema era del propio sistema para dar de baja a los alumnos que podría haber afectado a la mayoría de los centros educativos de Balears, sostenidos con fondos públicos.
Por todo ello, los propios técnicos de la Conselleria recomendaban que era importante revisar los procedimientos de baja del alumnado, y también publicar una normativa reguladora clara del proceso de admisión y matriculación de alumnos.
Alcántara (que dimitió como representante de la Conselleria en el Consell Escolar de les Illes Balears) ha recopilado abundante documentación y discrepa profundamente de la decisión municipal de incoar un expediente, promovido por el pacto El Pi-PP. En esta línea, discrepa seriamente de las formas seguidas en la tramitación. Discute la campaña en su contra orquestada por determinados políticos, padres, docentes y un agente de la Policía Local.
